El Senado de EE.UU. sigue trabado en la ley de mercados cripto por una disputa ética

El Senado de Estados Unidos todavía no presenta la moción para avanzar con la Digital Asset Market Clarity Act, el principal intento del Congreso estadounidense por establecer reglas federales integrales para los activos digitales. Con apenas una semana de plazo antes de que los legisladores dejen Washington para el receso de agosto, el proyecto sigue estancado por una disposición ética que lleva semanas sin resolverse entre el Capitolio y la Casa Blanca.

Los senadores Ruben Gallego y Thom Tillis, quienes trabajan de forma bipartidista para rescatar la iniciativa, enviaron esta semana una versión revisada del compromiso ético a la Casa Blanca. Hasta el viernes por la tarde, la administración no había respondido. Ese silencio deja en el aire el futuro inmediato de la ley, justo cuando el calendario legislativo se acorta.

Por qué la ética se convirtió en el cuello de botella

La Clarity Act busca resolver una pregunta que incomoda a la industria cripto estadounidense desde hace años: qué regulador federal, si alguno, tiene jurisdicción clara sobre los mercados de activos digitales y bajo qué reglas. Varios puntos del proyecto han requerido negociación, entre ellos cómo deben respaldar sus reservas los emisores de stablecoins, si pueden o no pagar rendimientos a sus tenedores, el alcance de las facultades de las autoridades policiales sobre las transacciones con activos digitales, y cómo debe dividirse la jurisdicción entre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y otros reguladores.

Según la información disponible, esos desacuerdos se consideran más sencillos de resolver que el lenguaje ético, que se ha vuelto el punto central de fricción. Las disposiciones éticas en leyes de este tipo suelen apuntar a conflictos de interés, por ejemplo, restricciones a que funcionarios o sus familiares tengan participaciones financieras en los activos o empresas que la ley regularía por primera vez. No se conocieron los detalles del compromiso Gallego-Tillis, pero el hecho de que haya sido necesaria una segunda versión revisada sugiere que el primer intento no convenció ni a la Casa Blanca ni a otras partes involucradas.

En términos de procedimiento, avanzar con la Clarity Act exige que el Senado primero presente y apruebe una moción para proceder, y luego supere una votación de cierre de debate (cloture) antes de que pueda haber una votación final de aprobación. Se espera una votación procesal de cloture esta semana que, de tener éxito, podría abrir la puerta a una votación de aprobación cuando el Senado retome sesiones en septiembre. Si la moción para proceder no se presenta antes del receso, el cronograma del proyecto se retrasaría al menos varias semanas, acercando cualquier resolución al otoño boreal y, por extensión, a las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) de 2026.

Qué implica la demora para el mercado

Lo que está en juego va más allá del trámite legislativo. Un informe publicado el 30 de julio de 2026 por el Crypto Council for Innovation, un grupo de cabildeo de la industria, encontró que el 80% de los desarrolladores cripto opera fuera de Estados Unidos y que el 88% de la participación de mercado cripto también se encuentra fuera del país. Estas cifras confirman una preocupación que la industria ha repetido durante años: sin un marco regulatorio doméstico claro, el desarrollo y la actividad de trading siguen migrando hacia jurisdicciones que ya cuentan con reglas definidas, mientras Estados Unidos todavía discute los aspectos básicos.

Para América Latina, esta señal es relevante: buena parte de las plataformas y desarrolladores que hoy sirven a usuarios de México, Argentina, Colombia, Chile y Perú operan precisamente en esas jurisdicciones offshore que avanzan más rápido que Washington. Mientras el Senado estadounidense debate, la región sigue dependiendo de exchanges y marcos regulatorios definidos en otros países, lo que refuerza la importancia de que cada mercado local desarrolle sus propias reglas claras para remesas, custodia y comercio de criptomonedas.

Para la industria cripto en general, la Clarity Act representa la oportunidad más significativa en años de obtener claridad legal en lugar de depender de la regulación por vía de sanciones o de directrices cambiantes de agencias. Un marco que defina qué activos son materias primas, cuáles son valores, y cómo deben respaldarse las stablecoins, les daría a exchanges, custodios y emisores un conjunto fijo de reglas sobre las cuales construir, algo que la industria ha buscado a través de varios ciclos electorales.

La dimensión política agrega otra capa. Los comités de acción política (PAC) enfocados en cripto estarían monitoreando cómo vota cada senador, información que alimentaría decisiones de financiamiento de campaña antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. Esto significa que el estancamiento por la ética no es solo una disputa técnica de redacción: se desarrolla en un entorno legislativo donde el voto mismo podría convertirse en un factor de las contiendas de noviembre.

Qué observar de aquí en adelante

• Si el Senado presenta la moción para proceder antes de que comience el receso, o si el cronograma se traslada por defecto a septiembre.
• El resultado de la votación procesal de cloture de esta semana, que determinará si es posible una votación de aprobación en septiembre.
• Si la Casa Blanca responde al compromiso ético de Gallego y Tillis, y qué lenguaje específico acepta o rechaza.
• Cómo se terminan de definir las disposiciones sobre reservas y rendimiento de stablecoins, facultades policiales y jurisdicción de la CFTC una vez resuelto el tema ético.
• Si el gasto de los PAC cripto vinculado a esta votación se hace visible de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Fuente: CoinDesk

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