Bankman-Fried pide a la Corte Suprema de EE.UU. que anule su condena por fraude

Sam Bankman-Fried, cofundador y expresidente ejecutivo de FTX, presentó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para anular su condena por fraude de 2023 y la orden de decomiso por 11,000 millones de dólares. El escrito, reportado el 11 de septiembre de 2026, argumenta que los tribunales le impidieron indebidamente presentar evidencia de que FTX y su firma afiliada de trading, Alameda Research, contaban con activos suficientes para reembolsar a clientes e inversionistas, y que el monto del decomiso viola la prohibición de multas excesivas de la Octava Enmienda.

La presentación marca la etapa más reciente, y probablemente final, de la batalla legal de Bankman-Fried tras el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de siete cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión. En junio, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la condena, cerrando una vía de apelación y allanando el camino hacia esta petición al máximo tribunal del país.

Una tesis legal puesta a prueba por un precedente reciente

El eje central de la apelación es la llamada defensa de “sin pérdida”: el argumento de que, como los clientes de FTX ya fueron reembolsados con intereses a través del proceso de quiebra, el fraude no causó un daño financiero duradero, lo que debilitaría tanto la base de la condena como el tamaño del decomiso. El Segundo Circuito rechazó ese argumento, apoyándose en el propio fallo de la Corte Suprema de 2025 en el caso Kousisis contra Estados Unidos, que estableció que las leyes de fraude electrónico no exigen que la fiscalía pruebe la intención de causar un daño económico neto. Bajo ese precedente, un esquema fraudulento puede ser delictivo aun cuando las víctimas terminen siendo compensadas.

Ese fallo estrecha el camino de la petición de Bankman-Fried, pero no lo cierra por completo. Sus abogados parecen plantear dos argumentos separados: primero, que debió permitírsele presentar evidencia sobre la solvencia de FTX y Alameda durante el juicio, sin importar cómo se interprete finalmente la ley de fraude; y segundo, que incluso si la condena se mantiene, una orden de decomiso de 11,000 millones de dólares resulta inconstitucionalmente excesiva dado que los clientes ya recuperaron sus fondos. Son dos preguntas jurídicas distintas, y en teoría la Corte Suprema podría negarse a revisar la tesis del fraude en sí mientras muestra interés en el tema del decomiso.

Lo que el caso podría significar más allá de Bankman-Fried

Lo que está en juego trasciende a un solo acusado. Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso, estaría definiendo cuánto margen tienen los acusados para argumentar que las víctimas no sufrieron un daño real, una pregunta relevante para una amplia gama de procesos por fraude financiero, no solo los vinculados a criptomonedas. Un fallo sobre el argumento de multas excesivas también podría influir en la forma en que fiscales y tribunales calculan los montos de decomiso en casos donde ya hubo restitución mediante procesos separados, como una quiebra.

Para la industria de activos digitales en general, el caso es un recordatorio de que el ajuste de cuentas legal por el colapso de FTX en 2022 no ha terminado del todo, incluso mientras el sector atraviesa una etapa de cortejo institucional y expansión de productos. Exchanges y custodios negocian cada vez más con actores de las finanzas tradicionales, como lo ilustra el caso de Nubank, que lanzó una cuenta global con stablecoins con la mira puesta más allá de América Latina. En ese contexto de creciente integración institucional, el caso FTX sigue siendo una referencia obligada sobre hasta dónde llega la responsabilidad penal cuando se usan indebidamente fondos de clientes, incluso si esos fondos terminan recuperándose.

También vale la pena notar el momento en que ocurre, en paralelo a los esfuerzos legislativos en curso en Estados Unidos. El Congreso sigue debatiendo el alcance de las reglas de estructura de mercado cripto, con el Senado votando para abrir el debate sobre un proyecto de ley cripto cuyos puntos más conflictivos siguen sin resolverse. Una decisión de la Corte Suprema sobre la petición de Bankman-Fried, sea cual sea el sentido, no alterará directamente ese proceso legislativo, pero quedará como parte del mismo expediente legal y regulatorio que determina cómo las instituciones estadounidenses tratan a esta industria.

Qué observar a continuación

Se espera que la Corte Suprema decida más adelante en 2026 si acepta o no el caso. La mayoría de peticiones de este tipo se rechazan sin comentarios, y no hay garantía de que los jueces decidan escuchar argumentos sobre la evidencia del juicio o sobre el decomiso.

• Si la Corte otorga el certiorari y sobre qué preguntas específicas acepta pronunciarse
• Cualquier indicio de cómo podría aplicarse o distinguirse el precedente Kousisis en el contexto del decomiso
• Declaraciones de los administradores de la quiebra de FTX sobre el estado de los reembolsos a clientes, que el equipo de Bankman-Fried cita como evidencia contra el monto del decomiso
• Si el caso atrae escritos de amicus curiae de académicos de derecho o grupos de la industria, dadas sus posibles implicaciones para los procesos por fraude en general

Cualquiera que sea el desenlace, la petición confirma que las secuelas legales del colapso de FTX siguen generando preguntas con implicaciones que van mucho más allá de la industria cripto, y que tocan doctrinas fundamentales del derecho sobre fraude y los límites constitucionales a las sanciones financieras.

Fuente: The Block

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