El principal asesor de criptomonedas de la Casa Blanca aseguró el lunes que se siente optimista sobre las posibilidades de la Clarity Act, el proyecto de ley que le daría a Estados Unidos su primer marco regulatorio federal integral para los activos digitales, horas antes de una votación procesal crítica programada para el martes en el Senado. La ley necesita 60 votos para avanzar, un umbral que exige apoyo bipartidista en una cámara donde los demócratas ya han planteado objeciones firmes sobre cómo el texto trata las tenencias personales de criptomonedas del presidente Donald Trump.
Bo Hines hizo estos comentarios durante una cumbre del Solana Policy Institute en Washington, justo cuando los republicanos del Senado dieron a conocer una versión revisada del proyecto. La reescritura tocó tres puntos sensibles: el tratamiento de las recompensas por stablecoins, las reglas de conflicto de interés vinculadas a los negocios cripto de Trump, y las protecciones legales para los desarrolladores de software que construyen infraestructura blockchain sin controlar los fondos de los usuarios.
Por qué un marco federal importa ahora
Durante años, la industria cripto estadounidense ha operado en una zona gris regulatoria, con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) reclamando ambas una autoridad superpuesta y a veces contradictoria sobre los activos digitales. La Clarity Act busca terminar con esa ambigüedad al crear definiciones legales y líneas de jurisdicción que determinarían, en muchos casos por primera vez, qué agencia federal supervisa qué tipo de token o plataforma. Por eso el proyecto ha atraído un intenso trabajo de cabildeo por parte de exchanges, desarrolladores y grupos de política pública, y por eso su fracaso o su aprobación tienen consecuencias que van mucho más allá de un simple conteo de votos.
El camino hacia la votación del martes no ha sido sencillo. Como se detalló en una cobertura previa sobre el vacío legal a favor de los hijos de Trump que frenó la ley apenas días antes de la fecha prevista, las preocupaciones sobre cómo la legislación podría proteger los propios emprendimientos cripto del presidente han rondado el proceso desde el inicio. Las últimas modificaciones fueron un intento de responder a esas dudas, pero como muestra el análisis sobre la reescritura difundida horas antes de la votación de cierre de debate, los cambios no han resuelto todas las disputas.
Qué cambia realmente la reescritura
El nuevo texto le otorga a los fiscales generales estatales un rol formal en la aplicación de las disposiciones sobre conflicto de interés relacionadas con las tenencias cripto de funcionarios públicos, incluido Trump. Sin embargo, la senadora Elizabeth Warren y otros demócratas criticaron la disposición porque no permite que los fiscales estatales presenten cargos contra el propio presidente, lo que a su juicio deja un vacío significativo en materia de rendición de cuentas. Esa crítica alimentó un rechazo más amplio, documentado en un reporte aparte sobre fiscales generales estatales que piden al Senado rechazar la ley directamente antes de la votación.
Un segundo cambio polémico afecta a la Blockchain Regulatory Certainty Act, una sección del proyecto pensada para proteger a los desarrolladores de software que no tienen control de los fondos de los usuarios —es decir, personas que escriben código para protocolos descentralizados sin custodiar activos ajenos— frente a cierta responsabilidad penal. El texto revisado eliminó las referencias a un estatuto penal federal que habría brindado ese resguardo. The Coin Center, un grupo de investigación de políticas centrado en el derecho cripto, señaló que el cambio no resuelve un problema legal en curso que actualmente está siendo evaluado por los tribunales, lo que significa que los desarrolladores podrían seguir expuestos a procesos judiciales bajo estatutos existentes incluso después de aprobada la ley.
Hines afirmó que Trump aprobó personalmente el nuevo lenguaje ético incluido en el proyecto, un detalle que subraya cuán directamente ha estado involucrada la Casa Blanca en la redacción de disposiciones que regulan sus propios conflictos de interés. También dijo que los cambios en las protecciones para desarrolladores surgieron de negociaciones con la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata cuyo apoyo —o rechazo— podría resultar decisivo en una votación que requiere una mayoría calificada.
Qué sigue ahora
La pregunta inmediata es si el proyecto logra superar el umbral de 60 votos el martes. Una votación de cierre de debate exitosa llevaría a la Clarity Act hacia un debate sustantivo y la presentación de enmiendas; un fracaso obligaría al liderazgo republicano a volver a la mesa de negociación, probablemente con nuevos ajustes a las disposiciones sobre ética y responsabilidad de desarrolladores que han concentrado las críticas. Una cobertura relacionada sobre la reescritura de la ley que se tambalea horas antes de la votación sugiere que el resultado no está para nada garantizado, pese al optimismo público de la administración.
En los próximos días conviene seguir de cerca varios indicadores concretos: si Cortez Masto y otros demócratas moderados votan a favor de avanzar el proyecto dado el compromiso alcanzado sobre protección a desarrolladores; si los fiscales generales estatales escalan sus objeciones más allá de declaraciones públicas; y si The Coin Center u otros grupos legales buscan mayor claridad sobre la cuestión penal que la reescritura dejó sin resolver. El resultado de la votación también definirá cuánta autoridad conservarán finalmente la SEC y la CFTC sobre una industria que lleva años pidiéndole al Congreso justamente este tipo de claridad legal. Para el ecosistema cripto de América Latina, donde exchanges y proyectos operan muchas veces bajo reglas ambiguas o inspiradas en la normativa estadounidense, el desenlace de este debate en Washington podría marcar una referencia para futuras discusiones regulatorias en la región.
Fuente: The Block
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