Fiscales generales de EE.UU. piden al Senado rechazar la Clarity Act antes de la votación clave

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición bipartidista de 17 fiscales generales estatales que pidió al Senado de Estados Unidos rechazar la Clarity Act, la gran ley de estructura de mercado para criptoactivos que avanza en el Congreso. En una carta enviada el lunes al Comité Bancario del Senado, el grupo advirtió que el proyecto, tal como está redactado, les quitaría a los estados la capacidad de perseguir fraudes cripto y proteger a los inversionistas. La misiva llegó apenas un día antes de una votación procesal programada para este martes, y añade incertidumbre a una ley que ya fue reescrita varias veces en los últimos días.

Lo llamativo de la carta es su composición bipartidista: firmaron fiscales generales de estados tan distintos políticamente como California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio y Wisconsin. Eso sugiere que la objeción no es una pelea de partidos, sino una preocupación estructural sobre quién debe vigilar los mercados de activos digitales cuando algo sale mal. El documento fue dirigido al presidente del Comité Bancario, Tim Scott, y a la legisladora de mayor rango de la oposición en ese comité, Elizabeth Warren, lo que coloca la disputa en el centro mismo de las negociaciones del Senado.

Una ley que se sigue reescribiendo días antes de la votación

La Clarity Act está lejos de ser un texto cerrado. Su versión más reciente, difundida la noche del domingo, supera las 600 páginas e incorpora cambios pedidos por los demócratas tras semanas de negociación. Uno de ellos otorga a los fiscales generales estatales un rol formal en la aplicación de reglas sobre conflictos de interés para funcionarios públicos, un punto con evidente carga política dado que el propio presidente Trump mantiene tenencias cripto a través de World Liberty Financial y el memecoin TRUMP, valuadas —según reportes— en cientos de millones de dólares. Esa tensión específica ya había sido documentada en un reportaje sobre cómo un vacío legal ligado a las tenencias cripto de la familia Trump complicó el avance del proyecto en el Senado.

El texto revisado también suma un mecanismo de “freno de emergencia” administrado por el Tesoro, con una duración de 18 meses, pensado para limitar los programas de recompensas en stablecoins que, según los reguladores, podrían drenar depósitos de los bancos comunitarios. Además, reduce los requisitos de transmisión de dinero para desarrolladores de software mediante enmiendas a la Blockchain Regulatory Certainty Act, un cambio orientado a dar mayor certeza legal a quienes construyen la tecnología. Un análisis detallado de cómo los republicanos del Senado remodelaron la ley antes de la votación de cierre de debate puede consultarse en la cobertura sobre la versión reescrita difundida horas antes de la votación.

James no es nueva en esta pelea. Ya había pedido antes al Congreso reforzar las salvaguardas de la ley contra el lavado de dinero y en materia ética, y la carta del lunes se lee como una escalada de esa postura: argumenta que, pese a las concesiones sumadas durante el fin de semana, el borrador actual sigue siendo insuficiente.

De qué se trata realmente la disputa

En el fondo, el desacuerdo es sobre jurisdicción. La Clarity Act busca crear un marco federal integral para la estructura del mercado cripto, lo que probablemente trasladaría buena parte de la supervisión hacia reguladores federales y la alejaría de la aplicación estatal, que durante años ha sido una de las pocas líneas de defensa activas contra el fraude cripto en Estados Unidos. Históricamente, los fiscales generales estatales han sido agresivos al perseguir casos cripto cuando las agencias federales se movían con lentitud o carecían de autoridad legal clara. La coalición sostiene que limitar ese rol estatal elimina una capa de protección al inversionista justo cuando el mercado madura y las stablecoins se integran cada vez más al sistema bancario tradicional.

Ese ángulo bancario no es abstracto. Los bancos comunitarios han expresado públicamente su temor de que los programas de recompensas en stablecoins les quiten depósitos, que es precisamente la razón de ser del freno de emergencia de 18 meses incluido en la ley. La industria ya se está adaptando a ese escenario: existen alianzas que permiten a bancos más pequeños ofrecer productos en stablecoins sin construir su propia infraestructura —como se vio con el acuerdo que permite a bancos comunitarios ofrecer stablecoins sin controlarlas del todo—, además de movimientos de bancos más grandes para retener depósitos mediante pagos tokenizados. Las disposiciones sobre stablecoins de la Clarity Act se superponen directamente con estos movimientos, por lo que el destino de la ley determinará cómo compiten bancos y empresas cripto por la misma base de depósitos.

Qué sigue

El próximo hito a seguir es la votación procesal del Senado este martes, que definirá si la Clarity Act avanza en su forma actual. En los próximos días conviene observar:

• Si la votación de cierre de debate tiene éxito, fracasa o se posterga mientras los legisladores siguen negociando las disposiciones sobre conflictos de interés y aplicación de la ley.
• Si el Senado introduce más cambios al lenguaje sobre las facultades de los fiscales generales estatales en respuesta a la carta del lunes.
• Cómo se implementa el freno de emergencia de 18 meses para stablecoins si la ley avanza, y si el Tesoro emite guías que atiendan la preocupación de los bancos comunitarios sobre sus depósitos.
• Si más fiscales generales, grupos de la industria o reguladores federales se pronuncian públicamente antes o después de la votación.

Más allá del resultado del martes, la carta deja claro que el desacuerdo de fondo entre la autoridad federal y la estatal en materia de regulación cripto está lejos de resolverse, incluso cuando el Congreso se acerca como nunca antes a aprobar una ley integral de estructura de mercado. Para América Latina, donde exchanges y proveedores de stablecoins operan cada vez más cerca del sistema bancario tradicional, el desenlace de esta pelea en Washington también marcará el tono de cómo se supervisan estos productos a nivel global.

Fuente: The Block

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