El Senado de EE.UU. reescribe la ley cripto CLARITY horas antes de la votación clave

Los republicanos del Senado de Estados Unidos publicaron el lunes la versión final revisada de la CLARITY Act, incorporando más de 120 cambios exigidos por los demócratas apenas un día antes de una votación de cloture programada para este martes. Esa votación definirá si el proyecto de ley más ambicioso hasta ahora sobre estructura de mercado cripto en EE.UU. avanza o queda estancado. El trámite, fijado para las 2:15 p.m. del martes, necesita 60 votos para prosperar, lo que obliga a sumar apoyo demócrata, y la magnitud de las concesiones sugiere que el resultado podría estar muy reñido.

Una ley pensada para lograr consenso bipartidista

La CLARITY Act, formalmente H.R. 3633, es el intento del Senado de resolver algo que el Congreso nunca había logrado: trazar límites claros de jurisdicción entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) sobre los activos digitales. Durante años, la industria cripto operó bajo un mosaico de acciones de fiscalización y reclamos cruzados entre agencias, sin una ley redactada específicamente para estos mercados. Este proyecto busca cambiar eso, definiendo qué tokens califican como materias primas digitales bajo supervisión de la CFTC y cuáles siguen considerándose valores bajo la SEC.

El camino no ha sido sencillo. En julio, siete senadores demócratas —entre ellos Ruben Gallego, Mark Warner y Cory Booker— objetaron públicamente que una versión anterior carecía de salvaguardas suficientes en materia de ética, protección al consumidor, financiamiento ilícito y conflictos de interés. Esa objeción congeló el avance del proyecto durante semanas, y se sumó a otra polémica descrita en un reportaje sobre un vacío legal vinculado a la familia Trump que había frenado la legislación apenas días antes de la votación de esta semana. Las senadoras y senadores republicanos Cynthia Lummis, Tim Scott y John Boozman encabezaron las negociaciones para responder a esas objeciones, y el borrador del lunes es el resultado de ese ida y vuelta.

Qué cambió realmente

Las 126 modificaciones sustanciales tocan casi todas las áreas que señalaron los demócratas. En materia de ética, la ley ahora impone sanciones equivalentes al 20% del valor de la transacción o 500,000 dólares, lo que sea mayor, por infracciones. Estas disposiciones entrarían en vigor 360 días después de la promulgación, o 60 días después de una norma final de implementación, lo que ocurra primero. Ese plazo importa porque fija una fecha límite dura para que los reguladores terminen de redactar las normas, en lugar de dejar la supervisión en un limbo indefinido.

También se reforzaron las protecciones al consumidor. Ahora se exige un período de retención de 72 horas para ciertas transacciones en cajeros cripto realizadas por clientes nuevos, una medida orientada a frenar el tipo de transferencias rápidas y difíciles de revertir que han convertido a los cajeros automáticos de criptomonedas en blanco frecuente de estafas. Las reglas de recaudación de fondos bajo el marco de Regulación Cripto del proyecto también se volvieron más conservadoras: el tope anual baja de 75 a 50 millones de dólares, se introduce un nuevo límite vitalicio de 200 millones de dólares, y cualquier ronda superior a 25 millones de dólares ahora requiere estados financieros auditados. El umbral de propiedad que activa restricciones de reventa también se redujo, del 5% al 3%, ampliando el escrutinio a un grupo más amplio de personas con información privilegiada y grandes tenedores.

En el frente del financiamiento ilícito, el borrador autoriza 150 millones de dólares para una nueva Oficina del Defensor de Materias Primas Minoristas dentro de la CFTC, y otros 150 millones de dólares para que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) amplíe su capacidad contra el lavado de dinero, compromisos de financiamiento que sugieren que los reguladores anticipan una carga de cumplimiento considerable una vez que el marco entre en vigencia. Las protecciones para desarrolladores, en cambio, se acotaron en lugar de ampliarse: el texto final elimina la extensión de escudos legales al estatuto penal de transmisión de dinero, 18 U.S.C. 1960, aunque mantiene las protecciones civiles bajo la Ley de Secreto Bancario. La CFTC también gana nueva autoridad regulatoria sobre conflictos de interés entre afiliadas en las bolsas de materias primas digitales, y el proyecto preserva explícitamente tanto la autoridad antifraude de la SEC como las leyes estatales vigentes de protección al consumidor, un guiño a las preocupaciones de que un marco federal pudiera anular por completo a los reguladores estatales.

Los emisores de stablecoins también obtuvieron una concesión notable: la autoridad para activar un mecanismo de contención (circuit-breaker) que permite a los reguladores intervenir durante episodios de inestabilidad expira 18 meses después de la promulgación, es decir, tiene una fecha de vencimiento incorporada en lugar de carácter permanente. Ese detalle se produce en paralelo a movimientos, sin relación directa, de bancos tradicionales que están construyendo sus propios productos de depósitos tokenizados y stablecoins —una tendencia que también se refleja en la manera en que Coinbase ha habilitado a bancos comunitarios pequeños para ofrecer stablecoins— y subraya cuánta certeza regulatoria buscan los emisores de estas monedas a medida que el mercado madura.

Por qué esto importa más allá de Washington

Un marco regulatorio de este alcance tendría consecuencias que trascienden las fronteras estadounidenses, ya que las reglas de estructura de mercado de EE.UU. suelen convertirse en referencia informal para otras jurisdicciones que evalúan su propia legislación cripto, incluidas las de América Latina, donde reguladores y exchanges observan de cerca cualquier señal de claridad normativa proveniente de Washington. Para emisores como Circle, cuyos recientes movimientos de expansión —incluida la adquisición de 400 millones de dólares de Tazapay para ampliar el acceso a mercados emergentes— dependen en parte de la certeza regulatoria, contar con un marco federal definido eliminaría una fuente persistente de incertidumbre. También daría a exchanges, custodios y emisores de tokens un reglamento concreto sobre el cual construir sus programas de cumplimiento, en lugar de inferir los límites a partir de acciones de fiscalización posteriores a los hechos.

Vale la pena precisar qué decide realmente la votación del martes. Aprobar el cloture no aprueba la ley: solo despeja el obstáculo procedimental que permite que el debate y las enmiendas avancen en el pleno del Senado. La aprobación final, la conciliación con la versión ya aprobada por la Cámara de Representantes y la firma presidencial seguirían pendientes. Aun así, una votación de cloture exitosa marcaría el punto más avanzado al que ha llegado en el Congreso una ley integral de estructura de mercado cripto, mientras que un fracaso obligaría a los negociadores a volver a la mesa sin un horizonte claro para la próxima ventana legislativa.

Qué observar de ahora en adelante

• Si la votación de cloture del martes alcanza el umbral de 60 votos, y qué senadores cruzan la línea partidista.
• Cómo las enmiendas propuestas durante el debate posterior en el pleno podrían alterar las disposiciones sobre ética, stablecoins o recaudación de fondos.
• Si la CFTC y FinCEN comienzan trabajos preparatorios en las nuevas oficinas financiadas incluso antes de la aprobación final.
• Cómo se concilia la división de jurisdicción entre la SEC y la CFTC con la versión de la Cámara de Representantes sobre legislación de activos digitales.

Fuente: CryptoSlate

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