Los republicanos del Senado de Estados Unidos publicaron el 14 de septiembre de 2026 una versión final revisada de la Ley CLARITY (H.R. 3633), el proyecto que busca ordenar la estructura del mercado cripto en el país. El texto incorporó 126 cambios sustanciales solicitados por los demócratas, con la esperanza de reunir los 60 votos necesarios para superar la moción de cloture programada para las 2:15 p.m. hora del este del día siguiente, martes. La maniobra buscaba destrabar meses de negociaciones estancadas, pero el efecto fue el contrario: en cuestión de horas, bancos, senadores demócratas, procuradores estatales y defensores de los desarrolladores cripto salieron a rechazar públicamente el acuerdo.
La oposición más numerosa llegó de una coalición de 18 fiscales generales estatales, encabezada por la procuradora de Nueva York, Letitia James, que ya había pedido antes del anuncio que el Senado rechazara la ley. Nuestro medio detalló esa postura en la nota sobre el pedido de los fiscales generales para frenar la votación clave. La oficina de James argumentó que la ley debilitaría la capacidad de los estados para perseguir fraudes cripto, citando más de 330 acciones de aplicación de la ley contra esquemas relacionados con criptomonedas desde 2017. Para estos funcionarios, ceder jurisdicción a agencias federales sin garantías claras equivale a dejar un vacío justo donde hoy operan con mayor eficacia.
Del lado financiero tradicional, ocho grupos comerciales bancarios —entre ellos la American Bankers Association, la Independent Community Bankers of America y la Independent Bankers Association of Texas— se opusieron a las disposiciones sobre recompensas por tenencia de stablecoins. Su temor es que estos incentivos aceleren la fuga de depósitos desde bancos comunitarios hacia emisores de monedas estables, un riesgo que ya había generado fricciones semanas atrás, como se explicó en la cobertura sobre cómo Coinbase permite a bancos pequeños ofrecer stablecoins sin dejarles el control. Para la banca regional estadounidense, cualquier fuga de depósitos hacia productos cripto con mejor rendimiento representa una amenaza directa a su modelo de negocio.
Coin Center y otros defensores de desarrolladores, por su parte, señalaron que el texto revisado no restituye protecciones de responsabilidad penal bajo el artículo 18 U.S.C. 1960 para quienes escriben código de software descentralizado. La eliminación de ese resguardo, dicen, deja expuestos a programadores que no controlan ni custodian fondos de terceros, un punto que había sido un obstáculo permanente en las negociaciones desde el inicio del proceso legislativo.
A esto se suma la Indian Gaming Association, que objeta cómo el proyecto trata a los mercados de predicción y el juego de casino tribal bajo la autoridad de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Los representantes tribales sostienen que la consulta formal con sus comunidades, realizada recién el 25 de junio de 2026, fue insuficiente para un cambio regulatorio de este alcance, que podría chocar con la soberanía de sus casinos y plataformas de apuestas.
El trasfondo político tampoco ayuda. Como habíamos reportado en la nota sobre el vacío legal que beneficiaría a los hijos del presidente Trump, persisten dudas sobre las restricciones éticas para funcionarios con tenencias cripto, un tema que ha politizado aún más un debate ya de por sí técnico y complejo. Senadores demócratas como Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Chris Van Hollen han insistido en que ese punto debe resolverse antes de dar cualquier apoyo al proyecto, mientras que republicanos como Cynthia Lummis y el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, presionan para cerrar el capítulo legislativo cuanto antes. El detalle completo de la reescritura puede consultarse en nuestra cobertura sobre cómo el Senado reescribió la ley cripto horas antes de la votación.
¿Por qué le importa esto a América Latina? La Ley CLARITY definirá qué reglas rigen a los exchanges, emisores de stablecoins y desarrolladores que operan también en la región, muchos de los cuales dependen de licencias y relaciones bancarias en Estados Unidos. Un marco regulatorio más claro —o, por el contrario, un nuevo estancamiento— repercute directamente en la disponibilidad de stablecoins para remesas, en la solidez de plataformas usadas por millones de usuarios latinoamericanos y en la confianza de inversionistas institucionales que ven a Washington como referencia normativa. Mientras tanto, casos como el de la mina cripto clandestina desmantelada en México recuerdan que la falta de reglas claras también tiene costos concretos fuera de Estados Unidos, algo documentado en nuestra cobertura sobre el desmantelamiento de una mina cripto ilegal vinculada a robo de electricidad y lavado de dinero.
Con la votación de cloture fijada para las 2:15 p.m. hora del este del día siguiente a la publicación del texto, el Senado enfrenta un cálculo aritmético difícil: necesita 60 votos para siquiera abrir el debate formal sobre la ley. La oposición simultánea de bancos, fiscales estatales, defensores de desarrolladores y representantes tribales sugiere que los 126 cambios negociados no alcanzaron para cerrar las brechas que han perseguido a este proyecto durante meses, dejando en el aire si la Ley CLARITY logrará siquiera llegar al recinto para su discusión.
Fuente: CryptoSlate
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