Fiscales de EE.UU. buscan decomisar 61 millones de dólares en USDT vinculados a la venta ilegal de petróleo iraní

Fiscales federales en Manhattan presentaron una demanda de decomiso civil para incautar aproximadamente 61.2 millones de USDT distribuidos en 10 direcciones de la blockchain de Tron. Según la acusación, esos fondos provienen de la venta ilegal de petróleo y derivados iraníes en el mercado negro, un negocio que habría beneficiado directamente al gobierno de Irán y al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC). La denuncia, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, no solo llama la atención por el monto involucrado, sino por lo que revela sobre la escala de una red mucho más amplia que habría movido dinero petrolero a través de exchanges de criptomonedas y canales bancarios corresponsales en Estados Unidos.

El expediente describe una operación que va mucho más allá de los 61 millones de dólares que se busca confiscar. Los fiscales sostienen que un grupo de al menos siete direcciones, identificado en el documento como “Entidad A”, movilizó en total cerca de 1,500 millones de dólares. Dos compañías mencionadas en el caso, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, habrían recibido transferencias bancarias multimillonarias a través de cuentas corresponsales estadounidenses: 443.49 millones de dólares hacia Blessed Trust entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, y 37.15 millones de dólares hacia Hexa Whale entre marzo y abril de 2024. La actividad alegada se extiende por Irán, Hong Kong y jurisdicciones de Medio Oriente, lo que ilustra cómo los ingresos petroleros bajo sanciones pueden lavarse a través de una cadena de intermediarios antes de tocar el sistema financiero estadounidense.

Cómo funciona realmente el decomiso

A diferencia de una incautación de activos tradicional, las autoridades estadounidenses no necesitan obtener claves privadas para tomar el control de los fondos. Tether, la emisora de USDT, congeló siete de las diez direcciones señaladas en junio de 2025 y las tres restantes en julio de 2025, dejando los tokens inmovilizados meses antes de que se presentara la demanda de decomiso. Ahora, una orden de incautación permite a los agentes federales trasladar los fondos congelados a custodia del FBI. En términos técnicos, Tether quemará los tokens congelados y emitirá una cantidad equivalente de nuevos USDT directamente en una billetera controlada por el FBI, un procedimiento que se ha convertido en el protocolo estándar cuando las autoridades estadounidenses trabajan junto a emisores de stablecoins.

Este mecanismo es clave para entender por qué el caso importa más allá de su cifra en dólares. Demuestra que un emisor centralizado de stablecoins funciona como un punto de control al que las autoridades pueden recurrir, algo que no tiene un equivalente limpio en la evasión de sanciones basada en efectivo. Tether asegura haber colaborado ya con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países y haber ayudado a congelar más de 5,000 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos a nivel global. Esa cooperación también fue relevante en un caso separado y no relacionado: 52 millones de dólares acreditados a la asistencia de Tether en la investigación de lavado de dinero de Xinbi Guarantee, que el Departamento de Justicia ha llevado adelante de forma independiente al caso del petróleo iraní.

Binance aparece entre las entidades mencionadas en el caso, aunque el exchange no ha sido acusado de ninguna irregularidad. El CEO de Binance, Richard Teng, afirmó que la compañía ha cooperado con las autoridades en todo momento y destacó una política de “tolerancia cero” frente a violaciones de sanciones. Nobitex, un exchange vinculado a Irán, también figura entre los hechos del caso, lo que subraya cómo las transacciones habrían fluido a través de múltiples plataformas antes de llegar a canales bancarios conectados con Estados Unidos.

Qué significa para las stablecoins y la aplicación de la ley

Para el usuario común, este caso es un recordatorio de que stablecoins como el USDT no son instrumentos al portador en el sentido en que muchos suponen. Tether puede congelar direcciones a pedido de las autoridades, y de hecho lo hace, y ha construido relaciones operativas que le permiten hacerlo a gran escala. Esa capacidad tiene doble filo: le da a las autoridades una herramienta poderosa contra la evasión de sanciones, pero también implica que los saldos en USDT están sujetos a intervenciones de una forma en que el efectivo, o incluso el bitcoin en autocustodia, no lo están. Para usuarios en América Latina que utilizan stablecoins para remesas o como resguardo frente a la volatilidad de sus monedas locales, esta es una distinción importante a la hora de entender los riesgos y límites del instrumento.

El caso llega, además, en medio de un endurecimiento más amplio del entorno regulatorio en torno a la infraestructura financiera cripto. Los bancos centrales han comenzado a señalar directamente el peso sistémico de las stablecoins: el Banco de Inglaterra advirtió recientemente que las stablecoins ya mueven el mercado de deuda estadounidense, una señal de que lo que antes era un instrumento de nicho para traders ahora es relevante para la liquidez de la deuda soberana. Al mismo tiempo, los legisladores estadounidenses han tenido dificultades para construir un marco normativo integral para la industria; el reciente bloqueo de la Ley Clarity en el Senado dejó buena parte del marco federal cripto sin resolver. Acciones de aplicación de la ley como esta demanda de decomiso están, en la práctica, llenando parte de ese vacío mediante procesos judiciales caso por caso, en lugar de una ley integral.

Qué sigue

Varios hilos de este caso merecen seguimiento. El proceso de decomiso civil se desarrollará en el Distrito Sur de Nueva York, donde los tribunales deberán evaluar las pruebas del gobierno sobre el origen petrolero de los fondos. Sigue abierta la pregunta de si otras compañías o personas vinculadas al grupo “Entidad A”, de 1,500 millones de dólares, enfrentarán cargos separados, dado que la demanda actual apunta solo a una fracción de ese total. También habrá que observar si la postura de cooperación de Binance, tal como la describió Teng, se traduce en hallazgos formales a medida que el caso avance. El bloqueo legislativo de la Ley Clarity, que ya generó reacciones políticas y de mercado —incluyendo la promesa del lobby cripto de cobrar factura electoral—, sugiere que este tipo de casos judiciales seguirán siendo, por ahora, la principal vía de regulación efectiva del sector en Estados Unidos.

En conjunto, este decomiso se suma a una serie de historias recientes sobre cómo la infraestructura cripto se cruza con fallas de seguridad y cumplimiento en otras partes de la industria. Todo esto apunta a un panorama de aplicación de la ley cada vez más maduro pero todavía desigual, en el que emisores de stablecoins, exchanges y bancos son empujados con más frecuencia al rol de guardianes financieros.

Fuente: CryptoSlate

Este contenido es informativo y no constituye consejo financiero ni de inversión.