El brazo militar de Hamás pidió a sus donantes evitar Binance, revela una orden judicial en EE.UU.

Una orden de decomiso de activos del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una carta en la que las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, instruyó a sus donantes a evitar Binance a la hora de mover fondos y a usar en su lugar Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast y Redotpay. El documento, fechado el 10 de febrero de 2025, también recomendaba a los donantes recurrir al stablecoin USDT de Tether en la red TRC-20, construida sobre Tron. La divulgación ofrece una mirada inusualmente directa a cómo una organización militante sancionada por Estados Unidos evalúa las defensas de cumplimiento de las plataformas cripto al momento de recaudar dinero.

La carta no descartó a Binance por completo. Según la presentación del DoJ, las Brigadas Al-Qassam dijeron a sus simpatizantes que el exchange todavía podía usarse para comprar divisas, siempre que los fondos se trasladaran después a otras plataformas antes de llegar al grupo. Ese matiz sugiere que la instrucción no era un boicot total, sino una manera de esquivar un punto específico de control de cumplimiento, lo cual en sí mismo es evidencia de cómo los actores sancionados ajustan sus indicaciones a medida que las plataformas refuerzan su vigilancia.

Un rastro documental con historia previa

La carta surge en un contexto de años de escrutinio estadounidense sobre el papel de las criptomonedas en el financiamiento de Hamás. The Wall Street Journal reportó en octubre de 2023 que billeteras vinculadas al grupo habían recibido alrededor de 41 millones de dólares entre 2020 y 2023. Por separado, el Tesoro de EE.UU. había estado investigando unos 165 millones de dólares en transacciones cripto potencialmente ligadas al financiamiento de Hamás antes de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Ese ataque agudizó de forma drástica el enfoque de Washington sobre los canales de activos digitales usados por organizaciones terroristas designadas, y alimenta acciones de decomiso más amplias, como el caso detallado en el intento del DoJ de decomisar 61 millones de dólares en USDT vinculados a la venta ilegal de petróleo iraní.

La evaluación de riesgo de financiamiento terrorista del Tesoro para 2026, citada en los materiales del DoJ, encontró que Hamás e ISIS siguen usando activos digitales, aunque los canales financieros tradicionales —correos de efectivo, redes informales de transferencia y la banca convencional— siguen siendo su método preferido para mover dinero. Ese detalle importa: matiza cualquier narrativa que presente a las criptomonedas como la herramienta principal de los grupos terroristas, aunque confirma que sigue siendo una opción entre varias que reguladores y equipos de cumplimiento deben vigilar de cerca.

Lo que dicen los exchanges

Las empresas mencionadas en la carta rechazaron la idea de que sus plataformas sirvan como conductos para el financiamiento militante. OKX afirmó que la dirección de billetera citada en el documento del DoJ no estaba afiliada a su plataforma y que ya había sido marcada internamente por vínculos con actividad ilícita, lo que significa que cualquier fondo dirigido hacia allí probablemente habría sido interceptado por sus propios sistemas de monitoreo. Binance, por su parte, presentó la carta como una prueba a su favor y no como una acusación. Noah Perlman, jefe de cumplimiento de la compañía, dijo que el hecho de que las Brigadas Al-Qassam advirtieran a sus propios donantes que evitaran el exchange demuestra que sus controles funcionan como deberían.

Ese argumento tiene doble filo. Sugiere que el monitoreo de transacciones de Binance se ha vuelto lo bastante sofisticado como para que una organización militante prefiera usarlo solo como una breve puerta de entrada, antes que arriesgarse a que le congelen los fondos a mitad de la transferencia. Pero también confirma que actores decididos pueden seguir canalizando donaciones hacia plataformas con menos escrutinio más adelante en la cadena, y que los stablecoins como USDT sobre redes de bajo costo como Tron siguen siendo atractivos para el tramo final de una transferencia, precisamente por ser rápidos, líquidos y ampliamente aceptados.

Kast, una de las plataformas mencionadas en la carta, mantiene un equipo de cumplimiento de más de 50 empleados, según los datos revelados en la presentación judicial, un dato que subraya cómo incluso las plataformas más nuevas o pequeñas deben construir infraestructura sustancial contra el lavado de dinero simplemente para operar con credibilidad en este entorno.

Por qué esto importa más allá de un solo caso

El episodio llega en un momento en que reguladores e industria ya están enfrascados en un debate más amplio sobre cuánta supervisión necesita el sector cripto. En Washington, el futuro de una legislación integral sobre estructura de mercado sigue sin resolverse después de que el Senado frustrara el avance de la Ley Clarity, a pesar de las garantías de un asesor de la Casa Blanca de que sus impulsores confiaban en el resultado de la votación. El lobby cripto ya advirtió que cobrará esa factura en las próximas elecciones, y casos como este —donde una carta de financiamiento terrorista nombra plataformas específicas según su fortaleza o debilidad de cumplimiento— probablemente alimenten ese debate, ya que ofrecen a los reguladores evidencia concreta para contrastar con las afirmaciones de autorregulación de la industria.

Binance también enfrenta una demanda civil separada presentada por víctimas de los ataques del 7 de octubre, lo que suma exposición legal en paralelo a los riesgos reputacionales que plantea esta divulgación. Para los usuarios e instituciones que operan en estas plataformas, la lección no es que las donaciones cripto a grupos terroristas estén en auge, sino que fiscales, tribunales y equipos de cumplimiento están generando un registro mucho más detallado de cómo los actores ilícitos eligen realmente entre exchanges, información que probablemente influya en futuras reglas de monitoreo y prioridades de aplicación de la ley. Para el usuario latinoamericano que usa exchanges globales para remesas o ahorro en dólares, el episodio es también un recordatorio de que la reputación de cumplimiento de una plataforma puede convertirse, sin previo aviso, en materia de investigación judicial internacional.

Qué vigilar

• Si el DoJ impulsa nuevas acciones de decomiso vinculadas a billeteras o plataformas nombradas en la carta del 10 de febrero de 2025.
• Cómo ajustan Binance, Bybit, OKX, Kast y Redotpay sus divulgaciones públicas de cumplimiento tras ser mencionadas en un documento de financiamiento terrorista.
• Si la próxima evaluación de riesgo de financiamiento terrorista del Tesoro muestra algún cambio en el equilibrio entre canales cripto y tradicionales usados por Hamás e ISIS.
• El avance de la demanda civil contra Binance presentada por víctimas del 7 de octubre.

Fuente: CoinDesk

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