El Senado de EE.UU. enfrenta una votación decisiva sobre las reglas del mercado cripto

El Senado de Estados Unidos se prepara para una votación de cierre de debate sobre la Ley CLARITY, el esperado proyecto de estructura del mercado cripto, en una sesión que podría definir si Washington finalmente entrega un marco integral para los activos digitales o si el esfuerzo se hunde en un limbo político. La votación necesita 60 votos —una mayoría de tres quintos— para superar el filibustero, y si fracasa, el destino de la ley podría quedar en manos de un Congreso muy distinto en 2027.

Una ventana estrecha antes de que el reloj se reinicie

La votación está programada para el martes posterior al 9 de septiembre de 2026, cuando el Senado regrese de su receso con menos de 36 días legislativos disponibles antes de que se instale el nuevo Congreso en 2027. Es un margen extremadamente ajustado para una legislación que redefiniría cómo se clasifican, negocian y supervisan los activos digitales en Estados Unidos.

El impulso de esta ley se remonta a las elecciones de 2024, cuando los republicanos obtuvieron el control simultáneo del Congreso y la presidencia, lo que les permitió aprobar la Ley GENIUS, el marco sobre stablecoins que se convirtió en la primera gran legislación cripto a nivel federal. CLARITY debía ser el siguiente paso: una ley de estructura más amplia que resolviera cómo los reguladores tratan a los tokens y quién tiene jurisdicción sobre qué. La senadora Cynthia Lummis, una de las voces más activas a favor de las criptomonedas en la cámara, advirtió que si este intento fracasa, la próxima oportunidad realista podría no llegar hasta 2030. El senador John Thune, como líder de la mayoría, y el senador Sherrod Brown, crítico histórico de los mercados cripto poco regulados, se ubican en lados opuestos de un debate que nunca se ha dividido limpiamente por partido.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 del Senado están en juego en las elecciones intermedias, y el control de cualquiera de las dos cámaras podría cambiar de manos. Ese solo hecho es lo que le da a esta votación de cierre de debate una importancia desproporcionada: un proyecto que fracasa ahora no simplemente se reprograma, sino que corre el riesgo de reescribirse desde cero o abandonarse por completo bajo un Congreso con otras prioridades.

Qué significaría en la práctica un proyecto estancado

Si el Senado no logra reunir los 60 votos, el efecto inmediato no sería un vacío regulatorio, sino la prolongación del actual mosaico de reglas. El presidente de la SEC, Paul Atkins, y el titular de la CFTC, Michael Selig, ambos designados por Trump, han señalado que piensan avanzar con normas sobre activos digitales desde sus propias agencias, independientemente de lo que haga el Congreso. Eso significa que la industria seguiría operando bajo una combinación de acciones de cumplimiento, guías administrativas e interpretaciones caso por caso, en lugar de un marco legal único que determine con claridad qué activos caen bajo la ley de valores y cuáles bajo la de materias primas.

Esa distinción importa mucho más allá de Washington. Los exchanges, custodios y emisores de tokens llevan años pidiendo exactamente el tipo de claridad jurisdiccional que promete CLARITY, precisamente porque la incertidumbre se traduce en mayores costos de cumplimiento y en la salida de actores del mercado. Este patrón ya es visible en América Latina: el cierre del exchange chileno Orionx tras detectarse un faltante de más de 7 millones de dólares en custodia muestra lo costoso que resulta operar sin controles y marcos claros, mientras que en Brasil los grandes bancos han optado por vender más criptomonedas sin llegar a guardarlas en su propio balance, una señal de cautela institucional frente a reglas todavía difusas. Un mercado estadounidense sin normas asentadas corre riesgos similares, solo que a una escala que afecta a la economía cripto más grande del mundo, con efectos indirectos sobre exchanges y remesas que también operan en la región.

El dinero ya se está movilizando para influir en el resultado. Fairshake, un comité de acción política enfocado en cripto y respaldado por Coinbase y Ripple Labs, ha gastado unos 189,000 dólares a través de un PAC afiliado en anuncios a favor del representante Jake Auchincloss, como parte de una estrategia más amplia de premiar o castigar a candidatos según su historial de votos en temas cripto. El historial del PAC es mixto: ayudó a derrotar a Sherrod Brown en una contienda anterior, pero perdió una primaria demócrata al Senado en Illinois, y el propio Brown ahora compite de nuevo en una elección especial contra Jon Husted. Ese historial sugiere que el dinero alineado con la industria cripto puede inclinar contiendas individuales, pero todavía no ha demostrado que pueda garantizar resultados legislativos.

Qué vigilar a continuación

Incluso si CLARITY logra superar el Senado, todavía tendría que aprobarse en la Cámara de Representantes y ser firmada por el presidente, o sobrevivir a una anulación de veto que exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un umbral alto bajo cualquier escenario político. Quienes sigan esta historia deberían prestar atención a varios indicadores concretos: si la votación de cierre de debate efectivamente alcanza los 60 votos, cómo administra Thune el tiempo en el pleno frente a un calendario legislativo cada vez más corto, si Atkins y Selig anuncian cronogramas regulatorios propios como respaldo ante la inacción del Congreso, y cómo se resuelven las contiendas de medio término donde participa el dinero de Fairshake, incluida la carrera entre Brown y Husted. Mientras tanto, actores institucionales siguen construyendo productos que dan por hecho que la claridad regulatoria llegará tarde o temprano, como el nuevo fondo de crédito privado de Tether y Fasanara, lo que deja en evidencia que la brecha entre la ambición del mercado y la certeza legal sigue siendo el principal riesgo para la industria de cara a 2027.

Fuente: Cointelegraph

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