India comienza a tokenizar su mercado de bonos corporativos de 620,000 millones de dólares

India dio un paso inédito para una economía de su tamaño: comenzó a emitir bonos corporativos como tokens digitales que se liquidan con una moneda digital de banco central. El programa, bautizado “Demat 2.0”, se dio a conocer en los días previos al 14 de septiembre de 2026, con el primer bono tokenizado emitido el 7 de septiembre. Para los reguladores, se trata de una prueba de fondo: ¿puede una economía grande trasladar su deuda corporativa a un registro de blockchain sin alterar las reglas que ya determinan quién puede comprar, vender y confiar en esa deuda?

En el piloto participan la Securities and Exchange Board of India (SEBI), el Reserve Bank of India (RBI), los dos depósitos estatutarios NSDL y CDSL, y tres emisores iniciales: la financiera estatal de energía REC, el conglomerado de ingeniería Larsen & Toubro, y la financiera no bancaria IIFL Finance. En conjunto, han reunido 1,025 crore de rupias, unos 107 millones de dólares, desde que arrancó el programa: REC captó 500 crore de rupias de 18 inversores, L&T igualó esa cifra, e IIFL Finance sumó 25 crore de rupias. Frente a un mercado de bonos corporativos de 620,000 millones de dólares, son cifras modestas, pero la estructura detrás de ellas es lo que realmente importa.

Cómo funciona el piloto

En lugar de construir una blockchain nueva y abierta, India canalizó el piloto a través de infraestructura que ya controla. Los tokens residen en un registro privado y permisionado operado por NSDL y CDSL, los mismos depósitos que ya registran la propiedad de casi todos los valores del país. Ese registro se conecta con el rupia digital mayorista del RBI mediante lo que las autoridades llaman una Interfaz de Mercado Unificada, que habilita la llamada liquidación atómica: el intercambio simultáneo y de todo o nada de un token de bono por rupia digital, eliminando el retraso y el riesgo de contraparte que puede surgir cuando el pago y la entrega ocurren en pasos separados.

Un punto clave: SEBI aclaró que los bonos tokenizados conservan sus calificaciones crediticias, fideicomisarios, requisitos de cotización y protecciones para el inversor tal como existen hoy. Los inversores no necesitan nuevos procesos de verificación de identidad ni cuentas adicionales; los tokens pueden alojarse dentro de las mismas cuentas Demat que ya guardan valores indios convencionales. Esa decisión es deliberada: permite probar la liquidación mediante blockchain sin pedirle al mercado que además acepte un sistema paralelo y menos supervisado de custodia o divulgación. En la práctica, India está tokenizando la “cañería” de la liquidación de bonos, dejando intacto el esqueleto legal y regulatorio del instrumento en sí.

Qué significa para emisores, inversores y política pública

Para emisores como REC y L&T, el atractivo es sobre todo operativo: los contratos inteligentes que corren en el registro permisionado pueden automatizar el pago de cupones y otras tareas de servicio de deuda que hoy se gestionan mediante procesos manuales o semiautomáticos con múltiples intermediarios. Una liquidación más rápida y atómica también reduce la ventana en la que una operación puede fallar o una contraparte puede incumplir antes de que el pago se confirme. Para los 18 inversores que respaldaron la colocación de REC, la experiencia práctica de tener el bono probablemente sea idéntica a la de un instrumento de deuda convencional, ya que la propiedad sigue apareciendo en las mismas cuentas de depósito que ya utilizan.

El trasfondo más relevante es lo que este piloto revela sobre el enfoque de India hacia el blockchain y el dinero digital en general. El país ha mantenido una línea firme contra las criptomonedas emitidas de forma privada, mientras construye en paralelo su propia infraestructura de rupia digital y tokenización controlada por el Estado. Es un contraste con jurisdicciones donde emisores de stablecoins y bancos experimentan de manera más abierta, un debate que también atraviesa a Estados Unidos, donde la disputa legislativa en torno a la reescritura de la Ley CLARITY horas antes de una votación clave en el Senado muestra las tensiones entre regulación estricta y mercados abiertos de activos digitales. El modelo indio, en cambio, mantiene el registro permisionado, los depósitos bajo mandato estatutario, y el activo de liquidación como un pasivo de banco central y no un token privado. Es menos una apuesta por mercados de blockchain abiertos que un intento de injertar la eficiencia de los registros distribuidos sobre un sistema financiero fuertemente supervisado, una filosofía que también atraviesa los esfuerzos previos de tokenización de India orientados a ampliar el acceso de la clase media a productos de inversión.

Qué observar de aquí en adelante

SEBI ha señalado que las próximas fases de Demat 2.0 buscarán incorporar el comercio secundario de los bonos tokenizados y, eventualmente, el acceso de inversores minoristas, problemas mucho más complejos que las colocaciones primarias completadas hasta ahora. El comercio secundario requiere mecanismos de liquidez y descubrimiento de precios que un puñado de colocaciones institucionales no pone a prueba. El acceso minorista, por su parte, plantea preguntas sobre divulgación, idoneidad y protección al inversor a una escala mucho mayor. Los lectores también deberían seguir si otros emisores indios se suman a REC, L&T e IIFL Finance en la plataforma, si el RBI amplía los volúmenes de rupia digital mayorista vinculados al programa, y si el enfoque calibrado de India —tokenizar dentro de los carriles regulatorios existentes en lugar de al margen de ellos— se convierte en un modelo de referencia mientras otros reguladores debaten cómo tratar los valores tokenizados. Ese debate corre en paralelo a batallas legislativas como la que enfrentan los fiscales generales de EE.UU. que piden al Senado rechazar la Clarity Act, y contrasta con enfoques regionales donde el dinero digital avanza de manera más orgánica, como se observa en el plan bimonetario de Venezuela frente al uso cotidiano de stablecoins por parte de la población. Ambos casos, a su manera, reflejan la misma pregunta de fondo: quién controla la infraestructura del dinero digital y bajo qué reglas.

Fuente: Decrypt

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