El Senado de Estados Unidos no logró este lunes avanzar con la Ley CLARITY, la iniciativa de estructura de mercado para criptoactivos más observada del Congreso, después de que las negociaciones de última hora sobre restricciones éticas a las tenencias cripto de funcionarios públicos se cayeran por completo. La votación de cloture necesitaba 60 votos para seguir adelante y no los consiguió, dejando estancado indefinidamente un proyecto que llevaba años en preparación.
La ruptura no se produjo por la arquitectura técnica de cómo deberían regularse los activos digitales —un terreno en el que los negociadores, según se informó, ya habían encontrado puntos en común—, sino por una pregunta mucho más cargada políticamente: si la ley hace lo suficiente para impedir que funcionarios públicos, incluido el presidente Donald Trump, se beneficien personalmente del mismo mercado que la norma busca regular.
Qué buscaba lograr la ley
La H.R. 3633, conocida como Ley CLARITY, pretendía darle a Estados Unidos un marco regulatorio que hasta ahora no existía para los mercados de activos digitales, aclarando qué agencias federales supervisan cada tipo de token y cómo deben tratarse los exchanges, emisores y otros intermediarios bajo las leyes de valores y materias primas. La versión que llegó al recinto tenía 635 páginas e incorporaba, según el historial de redacción del proyecto, 126 cambios sustanciales pensados para atender las objeciones planteadas por los demócratas durante las negociaciones.
El presidente republicano del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, encabezó el esfuerzo por llevar el proyecto a votación, y el personal de su comité convocó un último encuentro en la oficina del senador Thom Tillis para intentar cerrar las diferencias pendientes antes de la votación del lunes. Esa reunión, según se reportó, terminó sin acuerdo. Llegó tras días de tensión visible: reportes previos ya habían advertido sobre una rebelión que se gestaba horas antes de la votación de cloture, en medio de un esfuerzo de último minuto en el que la Ley CLARITY llegó al martes decisivo sin los votos asegurados.
Por qué la cuestión ética hundió el acuerdo
Varios senadores demócratas que habían ayudado a moldear versiones anteriores del proyecto —entre ellos Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Cory Booker, Raphael Warnock, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks y Catherine Cortez Masto— terminaron votando en contra de avanzar. Su objeción central fue que las disposiciones que restringen las tenencias cripto de funcionarios públicos eran demasiado débiles, sobre todo dada la propia exposición financiera del presidente a la industria.
La senadora Elissa Slotkin fue una de las críticas más directas: argumentó que el lenguaje ético no llegaba lo suficientemente lejos y, además, señaló vacíos en la supervisión contra el lavado de dinero y en la capacidad de aplicación de agencias como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que asumiría un papel regulatorio más amplio bajo esta ley. El senador Bernie Sanders planteó el conflicto en términos abiertamente políticos, citando cifras según las cuales donantes de la industria cripto gastaron casi 300 millones de dólares en las campañas de las elecciones legislativas intermedias, y que Trump y su familia han recibido más de 1,400 millones de dólares provenientes de emprendimientos cripto. Sean cuales sean las lecturas que se hagan de esas cifras, dejan claro por qué un proyecto técnico de estructura de mercado terminó envuelto en una disputa sobre conflictos de interés personales en las más altas esferas del gobierno.
La disputa venía gestándose desde días antes. Varios fiscales generales estatales ya habían pedido al Senado que rechazara el proyecto, y para cuando los senadores se reunieron en el recinto, las probabilidades de aprobación se habían derrumbado luego de que los demócratas rechazaran lo que los republicanos habían presentado como una oferta final.
Qué significa esto y qué observar
Para una industria que lleva años presionando por un marco regulatorio federal claro, la votación fallida es un revés, aunque no necesariamente definitivo. Las votaciones de cloture pueden repetirse, y nada en el resultado del lunes descarta un nuevo intento de negociación. Pero el episodio deja claro que la reforma de estructura de mercado ahora es inseparable del debate político más amplio sobre los vínculos financieros personales de Trump con las criptomonedas, un debate que no muestra señales de resolverse pronto.
Hay varios elementos concretos que vale la pena seguir en las próximas semanas. Primero, si las oficinas de Scott y Tillis reabren conversaciones sobre un lenguaje ético más estricto, y si algún texto revisado atiende las objeciones específicas de Slotkin sobre la aplicación de normas antilavado y los recursos de la CFTC. Segundo, si la coalición de demócratas que se apartó del proyecto se mantiene unida o se fractura conforme aumenten las presiones propias de un año electoral. Tercero, si otras medidas relacionadas con criptomonedas que avanzan en el Congreso —como la votación en comité para convertir en ley una reserva estratégica de bitcoin— siguen su curso de manera independiente al estancamiento de la ley de estructura de mercado, ya que plantean cuestiones políticas distintas.
Mientras una nueva versión de la Ley CLARITY, o un proyecto sustituto, no consiga los 60 votos necesarios, los mercados de activos digitales en Estados Unidos seguirán operando bajo el mosaico actual de guías de agencias y acciones de cumplimiento, en lugar de una ley unificada. Eso deja a exchanges, emisores e inversionistas sin la certeza regulatoria que el proyecto buscaba ofrecer, y para la región —donde exchanges internacionales y usuarios de países como México, Argentina, Colombia, Chile y Perú operan bajo la sombra normativa de Estados Unidos— significa que la incertidumbre sobre las reglas del mercado cripto estadounidense seguirá siendo un factor a monitorear. La pregunta ética de fondo —cómo separar los intereses cripto personales de los funcionarios electos de las reglas que ellos mismos ayudan a redactar— sigue siendo el principal obstáculo para llegar a un acuerdo.
Fuente: CryptoSlate
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