El fracaso de la Ley CLARITY reveló un vacío legal para los hijos adultos de funcionarios

Una disposición ética sobre criptomonedas que habría obligado a altos funcionarios estadounidenses a desprenderse de sus tenencias digitales se hundió junto con el resto de la Ley CLARITY del Senado el 15 de septiembre de 2026. Pero antes de caer, la propuesta dejó al descubierto un vacío legal: los hijos adultos de los funcionarios pueden conservar participaciones cripto totalmente fuera del alcance de las normas federales de conflicto de interés. El texto exigía que los funcionarios y sus cónyuges con al menos 15,000 dólares en participaciones vinculadas a empresas emisoras o patrocinadoras de criptoactivos las vendieran o las colocaran en un fideicomiso ciego calificado. Sin embargo, excluía explícitamente a los hijos adultos, lo que significa que la riqueza familiar canalizada a través de un hijo o hija ya independiente habría escapado a todo escrutinio, incluso cuando el proyecto buscaba endurecer la supervisión en otros frentes.

El episodio golpea de lleno a dos de las figuras más visibles del gobierno estadounidense en el mundo cripto: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el propio presidente Donald Trump. Lutnick se incorporó al gabinete de Trump en febrero de 2025 tras dirigir Cantor Fitzgerald, la firma de Wall Street que actúa como custodio de reservas y distribuidor primario preferente de las operaciones estadounidenses vinculadas al stablecoin USDT de Tether. En mayo de 2025, Cantor anunció un plan para transferir la propiedad de la participación de Lutnick, y los registros ante la SEC muestran que esa transferencia se cerró en octubre de 2025, trasladando la propiedad beneficiaria a fideicomisos que favorecen a sus hijos adultos, con su hijo Brandon Lutnick como fideicomisario con control total. Cantor Fitzgerald continúa manteniendo miles de millones de dólares en bonos del Tesoro vinculados a las reservas de Tether, es decir, el negocio cripto de la firma siguió funcionando en manos de la familia, aunque Lutnick se apartó formalmente de la propiedad cotidiana.

La exposición cripto de Trump es aún mayor y más directa. Según una revisión de Reuters sobre su declaración financiera certificada, el presidente reportó 1,400 millones de dólares en ingresos relacionados con criptomonedas durante 2025. Esa riqueza proviene principalmente de World Liberty Financial y de una meme coin, ambas lanzadas con sus hijos como socios fundadores. La Casa Blanca ha declarado que los hijos de Trump administran sus finanzas de manera independiente, un argumento que reproduce exactamente la misma estructura que la fallida disposición del Senado habría dejado intacta: los activos en manos de hijos adultos, a diferencia de los de un cónyuge o un hijo menor, quedan fuera del alcance tradicional de las normas federales de atribución ética.

Una ley pensada para otra época de la riqueza

Desde hace décadas, la ley federal de ética atribuye los activos de un cónyuge o de un hijo menor de edad al funcionario cubierto, bajo la premisa de que esas tenencias forman parte, en la práctica, del mismo patrimonio familiar. Los hijos adultos, en cambio, se han tratado históricamente como financieramente independientes y, por tanto, fuera de esa red de control. Esa distinción tenía sentido cuando las fortunas familiares se construían sobre bienes raíces o negocios operativos heredados a lo largo de generaciones. Resulta mucho menos justificable cuando el hijo de un secretario de gabinete se convierte en fideicomisario con control de una participación en una firma que custodia reservas de stablecoins, o cuando los hijos de un presidente cofundan los emprendimientos que generan una porción de nueve cifras de sus ingresos.

Quienes redactaron la Ley CLARITY claramente identificaron las tenencias cripto como un riesgo ético diferenciado que valía la pena nombrar explícitamente; de ahí el umbral de 15,000 dólares y la exigencia de fideicomiso ciego. Pero al excluir a los hijos adultos, el borrador dejó completamente sin regular una de las vías más obvias para concentrar riqueza cripto familiar. Si esa exclusión reflejó una decisión política deliberada, un simple descuido legislativo o la realidad política de redactar una ley que afecta a la propia familia de un presidente en funciones, es algo que los hechos disponibles no permiten determinar. Lo que sí es claro es que el vacío existía en el texto que debatían los legisladores, y que encaja de manera precisa con los dos ejemplos de mayor perfil de funcionarios con negocios familiares ligados a las criptomonedas.

Qué significa ahora el fracaso de la ley

Como la Ley CLARITY no logró avanzar, la disposición ética queda sin efecto por ahora: no existe ninguna nueva exigencia estatutaria de desinversión o fideicomiso ciego en vigor. Ese fracaso ya empujó la elaboración de reglas cripto de vuelta hacia la SEC y la CFTC, que están armando un reglamento pieza por pieza ante la ausencia de legislación integral, un giro que además trasladó la autoridad central de regulación a estas dos agencias en lugar del Congreso. Pero la pregunta ética que planteó el proyecto no desaparece con la votación. Cualquier futura versión de una ley cripto integral tendrá que decidir explícitamente si las tenencias de los hijos adultos deben contar dentro de la exposición a conflictos de interés de un funcionario, o si el vacío actual simplemente persistirá a medida que la riqueza cripto se vuelva más común entre las familias políticas.

Los lectores deberían prestar atención a varios desarrollos concretos. Uno es si el Congreso revive una exigencia de desinversión o fideicomiso ciego en un futuro proyecto cripto, y si algún nuevo borrador cierra la exclusión de los hijos adultos o la mantiene intacta. Otro es si el papel continuo de Cantor Fitzgerald como tenedor de bonos del Tesoro vinculados a Tether atrae mayor escrutinio dado el fideicomiso que controla Brandon Lutnick. Un tercer punto es cómo manejarán los reguladores las exigencias de divulgación para los emprendimientos cripto ligados a familias de funcionarios, mientras la SEC y la CFTC siguen llenando el vacío dejado por el proyecto estancado, un proceso que ya está transformando la forma en que operan las empresas relacionadas con criptomonedas, como se vio con la aprobación condicional de una carta fiduciaria nacional a Bastion por parte de la OCC. Ninguna de estas preguntas fue respondida por la fallida Ley CLARITY; son preguntas que su fracaso deja abiertas.

Para el público latinoamericano, este debate tiene una relevancia que va más allá de la política interna de Estados Unidos. Las decisiones que tome Washington sobre cómo regular a stablecoins como el USDT de Tether, y sobre la transparencia de quienes controlan a sus custodios, repercuten directamente en los exchanges y plataformas que millones de personas en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú utilizan para resguardar ahorros frente a la inflación local o para enviar remesas. Un marco regulatorio más claro en Washington, o su ausencia prolongada, termina moldeando la confianza y las reglas bajo las que operan esos mismos servicios en la región.

Fuente: CryptoSlate

Este contenido es informativo y no constituye consejo financiero ni de inversión.