Los republicanos del Senado ajustan la Clarity Act para frenar el DeFi ‘falso’ antes de la votación clave

Los republicanos del Senado de Estados Unidos difundieron el jueves una versión revisada, de 630 páginas, de la Clarity Act, el proyecto de ley que busca dotar al país de un marco federal claro para los activos digitales. La publicación llega apenas días antes de una votación de procedimiento programada para el 15 de septiembre de 2026, considerada por muchos como el momento decisivo para una legislación que lleva años estancada en el Congreso.

El ajuste más relevante endurece el lenguaje sobre las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) que, en la práctica, están controladas por personas o grupos identificables en lugar de funcionar de manera verdaderamente autónoma mediante código. Esos protocolos “descentralizados solo de nombre” deberán registrarse ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), tal como se había anticipado esta semana sobre el nuevo borrador.

Por qué la estructura de mercado se volvió la prioridad número uno

La Clarity Act intenta responder una pregunta que ha perseguido a reguladores, tribunales y empresas cripto durante años: ¿qué agencia federal supervisa realmente cada tipo de activo digital? Hoy, tanto la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como la CFTC reclaman jurisdicción sobre partes superpuestas del mercado, y las acciones de cumplimiento muchas veces han reemplazado a reglas claras. Una ley que trace límites jurisdiccionales firmes permitiría, en teoría, que exchanges, emisores de tokens y proyectos DeFi supieran de antemano ante qué regulador responden y qué obligaciones tienen.

Esa claridad importa más allá de Washington. Sus impulsores argumentan que la ley legalizaría la mayor parte de la actividad cripto que hoy opera en una zona de ambigüedad legal, y reabriría la puerta al financiamiento mediante venta de tokens para startups, una vía prácticamente congelada en Estados Unidos desde la postura de cumplimiento agresiva de la SEC a inicios de la década de 2020. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha presionado personalmente al Senado para reactivar el esfuerzo, según reportes sobre su cabildeo, lo que confirma que este no es solo un impulso de la industria, sino uno respaldado desde los niveles más altos del gobierno.

Qué cambió y qué se mantuvo igual

El nuevo borrador incorpora más de 100 cambios solicitados por demócratas del Senado, según los datos difundidos junto con la publicación de la ley. Sin embargo, pese a ese volumen de concesiones, el medio Politico reportó que, hasta ahora, ningún demócrata respalda el texto revisado, una brecha que abre dudas legítimas sobre si los cambios atienden el fondo de las objeciones demócratas o simplemente su cantidad.

Tres elementos del nuevo texto destacan:

• Los protocolos DeFi descentralizados solo de nombre —es decir, controlados en realidad por personas o grupos identificables— deberán registrarse ante la CFTC, cerrando lo que reguladores y algunos demócratas consideraban un vacío legal evidente.
• Las disposiciones específicas para DeFi ahora se limitan a transacciones spot y en efectivo, acotando el tipo de actividad que recibe un trato más permisivo bajo las excepciones para finanzas descentralizadas.
• Las restricciones éticas para funcionarios públicos se mantienen prácticamente intactas, continuando el lenguaje del borrador de julio que prohíbe a funcionarios, empleados de gobierno y sus cónyuges emitir o promocionar activos digitales, una disposición que los demócratas han impulsado endurecer dado el escrutinio sobre los negocios cripto del presidente Trump.

La senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming), una de las principales impulsoras del proyecto, también propuso destinar 150 millones de dólares en financiamiento adicional para la CFTC, una cifra pensada para resolver las quejas de larga data sobre la falta de personal y recursos de la agencia para vigilar un mercado tan grande y de movimiento tan rápido como el de los activos digitales. Si ese financiamiento sobrevive en una versión final, o si termina agrupado en asignaciones presupuestarias separadas, sigue siendo una incógnita.

Qué sigue

El próximo hito a observar es la propia votación de procedimiento del 15 de septiembre. Una votación de procedimiento no equivale a la aprobación final —determina si el proyecto puede avanzar hacia el debate y las enmiendas—, pero un fracaso frenaría de nuevo la legislación, esta vez con un ciclo electoral que se aproxima y que podría complicar aún más las negociaciones futuras.

Más allá del conteo de votos, todavía hay varias disputas abiertas. Banqueros comunitarios y el grupo de la industria Stand With Crypto han presionado con fuerza en torno a los términos de rendimiento de las stablecoins, un conflicto que enfrenta a las empresas cripto que quieren ofrecer retornos similares a intereses sobre sus stablecoins con bancos preocupados por la fuga de depósitos. Stand With Crypto reportó casi 50,000 contactos con miembros del Congreso solo en agosto, una señal de la presión de base que se ejerce en ambos bandos políticos. Esa pelea por la economía de las stablecoins avanza en paralelo a una construcción institucional que ya está en marcha: gestoras de activos como BlackRock lanzaron productos de efectivo tokenizado pensados para respaldar reservas de stablecoins, y empresas de pagos como MoneyGram comenzaron a emitir tarjetas de pago vinculadas a stablecoins en mercados internacionales, con Colombia como primer punto de despliegue, movimientos que solo aumentan la urgencia de que el Congreso termine de fijar las reglas de fondo.

Para el resto de América Latina, el desenlace de esta ley no es un asunto menor: buena parte de los exchanges y emisores de stablecoins que operan en la región dependen de la claridad regulatoria estadounidense para diseñar sus productos, desde tarjetas prepagas hasta servicios de remesas. Mientras tanto, otras señales del apetito institucional por cripto siguen apareciendo, como la reciente inversión de Nasdaq en la matriz de Kraken, valorada en 21,000 millones de dólares.

Los lectores también deberían prestar atención a si el rechazo casi unánime de los demócratas del Senado se convierte en un voto estrictamente partidista o se suaviza a medida que el proyecto se acerca al recinto. Las disposiciones éticas sobre las tenencias cripto de funcionarios públicos, junto con el tratamiento de los protocolos DeFi que difuminan la línea entre código descentralizado y control centralizado, parecen destinados a seguir siendo los dos frentes más disputados en cualquier negociación futura.

Fuente: Decrypt

Este contenido es informativo y no constituye consejo financiero ni de inversión.