Asesor de la Casa Blanca defiende los vínculos cripto de Trump tras el fracaso de la Ley Clarity

Un alto asesor cripto de la Casa Blanca rechazó públicamente esta semana la idea de que los intereses personales del presidente Donald Trump en el negocio de las criptomonedas hayan hundido el proyecto de ley de estructura de mercado en el Senado. En su lugar, señaló a los grupos de presión de la banca tradicional como los verdaderos responsables. Las declaraciones, hechas por Patrick Witt en dos eventos de política pública en Washington, representan el intento más directo de la administración hasta ahora por controlar el relato tras una derrota legislativa que deja en el limbo la regulación de los activos digitales.

Un proyecto estancado y el juego de las culpas

La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act) buscaba darle a la industria cripto algo que ha perseguido durante años: reglas federales claras sobre cómo deben clasificarse y supervisarse los tokens, los exchanges y las stablecoins. Sin embargo, la semana pasada la iniciativa se estancó en el Senado, sin lograr reunir los votos necesarios para avanzar. Como han advertido varios críticos, este fracaso corre el riesgo de empujar la actividad cripto hacia jurisdicciones con supervisión más laxa, una preocupación que ha dominado buena parte del análisis posterior en los círculos de política pública.

Witt habló primero el martes en una conferencia de la Universidad de Georgetown y luego el miércoles en un evento de CoinDesk Policy & Regulation. En ambas ocasiones cuestionó con firmeza la idea de que la ley colapsó porque los senadores demócratas objetaron las tenencias y relaciones comerciales cripto personales de Trump. Según él, el equipo del presidente fue más lejos que cualquier administración anterior para abordar las preocupaciones sobre conflictos de interés, y describió dos disposiciones éticas específicas que Trump habría aceptado durante las negociaciones.

La primera habría obligado a Trump a vender sus tenencias cripto o colocarlas en un fideicomiso ciego. La segunda, de acuerdo con Witt, habría otorgado a los fiscales generales estatales la facultad de demandar al gobierno federal si este no lograba hacer cumplir las normas éticas. En conjunto, argumentó Witt, se trataba de concesiones sin precedentes que deberían haber bastado para satisfacer a los escépticos, y por lo tanto el fracaso final de la ley tendría poco que ver con las tenencias del presidente.

¿Quién hundió realmente el proyecto?

En cambio, Witt atribuyó la responsabilidad a los grupos de presión de la banca, que según él se opusieron a las disposiciones del proyecto relacionadas con las stablecoins, esos tokens digitales atados al dólar que se han convertido en un punto de fricción central en la disputa más amplia sobre quién puede beneficiarse de pasivos similares a los depósitos bancarios. Los bancos han argumentado que las stablecoins que ofrecen rendimiento podrían drenar depósitos de las cuentas tradicionales, debilitando un modelo de negocio que depende de depósitos baratos y estables para financiar el crédito.

Esa tensión no es exclusiva de Washington. Los bancos centrales europeos han planteado preocupaciones similares y recientemente presionaron a los reguladores para revisar las reglas de reservas de stablecoins bajo el marco MiCA de la Unión Europea, temiendo que reservas mal respaldadas o funciones agresivas de rendimiento puedan desestabilizar el sistema bancario. Este eco transatlántico sugiere que la pugna entre stablecoins y depósitos bancarios se está convirtiendo en un frente regulatorio definitorio a ambos lados del Atlántico, y no en una disputa exclusivamente estadounidense sobre los negocios de un presidente.

Por su parte, los senadores demócratas no han admitido públicamente que las preocupaciones éticas fueran secundarias frente a la disputa sobre las stablecoins. La discusión sobre qué mató realmente el proyecto de ley —los conflictos de interés personales, la presión de la industria bancaria, o una combinación de ambos— sigue sin resolverse, y la versión de Witt es, cabe destacar, el relato de una sola de las partes y no un hecho consumado.

Qué significa para la política cripto

La consecuencia práctica de los comentarios de Witt es una señal sobre dónde piensa concentrar su energía la administración ahora que el Congreso se estancó. En lugar de esperar a que un Senado dividido reviva la Ley Clarity durante la sesión de fin de año, Witt indicó que la Casa Blanca está desplazando su atención hacia los reguladores federales, principalmente la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), como la vía más realista a corto plazo para dar forma a las reglas de los activos digitales.

Ese giro importa porque la acción de una agencia, a diferencia de una ley aprobada por el Congreso, no requiere convencer a senadores reticentes ni resolver en público espinosas cuestiones éticas. Pero también puede revertirse con mayor facilidad por una futura administración, lo que significa que cualquier claridad regulatoria lograda a través de la SEC u otras agencias descansaría sobre un terreno legal comparativamente menos firme que una ley del Congreso.

Para una industria que lleva años presionando exactamente por el tipo de certeza en la estructura de mercado que prometía la Ley Clarity, la consecuencia práctica es más demora y una dependencia continua de un mosaico de directrices de agencias, fallos judiciales y normas estatales. Mientras tanto, la actividad del mercado cripto sigue en gran medida al margen del estancamiento en Washington: los ETF de bitcoin registraron recientemente sus mayores entradas diarias en casi un año, y los grandes actores de la industria siguen firmando nuevas alianzas, como la reciente compra de infraestructura regulada de valores por parte de MoonPay al adquirir North Capital, o el avance de la SEC hacia una vía regulada para las acciones tokenizadas.

Qué viene ahora

Hay varios desarrollos concretos que vale la pena seguir en las próximas semanas:

• Si los senadores demócratas responden públicamente a la versión de Witt sobre las negociaciones éticas, y si confirman o disputan los detalles de las cláusulas de desinversión y de los fiscales generales estatales.
• Cualquier señal de la SEC u otros reguladores federales sobre nuevas directrices o normas relacionadas con las stablecoins y la estructura de mercado, dado que Witt sugirió que la acción de las agencias es ahora el mecanismo preferido a corto plazo.
• Si los grupos de presión bancarios emiten su propia respuesta pública tras ser señalados como los principales opositores del proyecto de ley.
• Si la Ley Clarity, o una versión revisada, resurge durante la sesión de fin de año pese al aparente escepticismo de Witt sobre que el Congreso actúe antes de que termine el año.

Para América Latina, donde exchanges y billeteras cripto operan cada vez más como puente entre monedas locales inestables, remesas y el dólar, la falta de reglas claras en Washington también tiene efecto de contagio: sin un marco federal firme en Estados Unidos, la incertidumbre regulatoria que enfrentan usuarios y empresas de la región difícilmente se despeje pronto.

Fuente: CoinDesk

Este contenido es informativo y no constituye consejo financiero ni de inversión.