La Cámara de Representantes de EE.UU. deja fuera el alivio fiscal para mineros y validadores de criptomonedas

El Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para revisar el miércoles un proyecto de ley fiscal de 114 páginas sobre criptomonedas que deja fuera la única disposición que mineros y validadores esperaban: la posibilidad de diferir el pago de impuestos sobre sus recompensas hasta el momento en que efectivamente las vendan. Según la Digital Asset Tax Certainty Act, identificada como H.R. 10357 y publicada el lunes, esas recompensas seguirán gravándose en el instante en que se reciben, una política que los grupos del sector consideran injusta porque castiga a quienes generan ingresos en un activo cuyo precio puede moverse bruscamente antes de convertirse en dinero en efectivo.

El proyecto, impulsado en parte por el representante Mike Carey, llega en un momento en que el comité intenta consolidar meses de trabajo fragmentado en un solo paquete legislativo que abarque cómo se gravan las comisiones cripto, las stablecoins y el préstamo de criptoactivos. Tres de los grupos de presión más activos en Washington —la Blockchain Association, el Crypto Council for Innovation y la Digital Chamber— habían impulsado un resultado más favorable para la industria y es probable que sigan presionando a los legisladores mientras el proyecto avanza hacia su revisión en comité.

Cómo se llegó a este punto

La disposición que quedó fuera tiene su origen en la propia Tax Clarity for Mining and Staking Act, presentada por Carey en junio, que proponía permitir a mineros y validadores diferir su obligación fiscal sobre las recompensas hasta el momento de la venta, en lugar de al momento de recibirlas. Ese enfoque es similar al que reciben otras formas de ingreso por propiedad y era visto por la industria como una solución a un reclamo de larga data: las recompensas cripto se gravan como ingreso ordinario apenas se reciben, aunque quien las recibe no haya vendido nada ni generado efectivo para cubrir el impuesto.

Ese mismo mes, el Comité de Medios y Arbitrios había hecho circular siete borradores distintos sobre stablecoins, minería, staking y las cargas de reporte que enfrentan usuarios y empresas cripto. El actual proyecto de 114 páginas parece ser un intento de fusionar buena parte de ese trabajo previo en una sola propuesta integral. Pero en algún punto entre los borradores de junio y el texto publicado el lunes, el lenguaje sobre diferimiento para mineros y validadores desapareció por completo, no se redujo, se eliminó.

Cabe destacar que los grupos del sector ya habían señalado que resistirían una versión intermedia de la idea. Una propuesta anterior planteaba un límite de cinco años sobre cuánto tiempo podían diferirse las recompensas antes de que venciera el impuesto. Las asociaciones comerciales argumentaron que un límite temporal rígido anulaba el propósito mismo del diferimiento y presionaron en cambio por la versión original de Carey, sin límite de tiempo. El silencio del proyecto final sobre este punto significa que ese debate está, al menos por ahora, cerrado: la industria no obtuvo el compromiso de cinco años, no obtuvo nada.

Qué significa para mineros, validadores y usuarios comunes

Para cualquiera que opere equipos de minería o valide una red de prueba de participación (proof-of-stake), la consecuencia práctica no cambia: se genera una obligación fiscal en el instante en que una recompensa de bloque o un pago de staking llega a una billetera, calculada sobre su valor de mercado en ese momento. Si el precio del activo cae después, el contribuyente puede terminar debiendo un monto calculado sobre una valuación más alta que ya no refleja la realidad. Los grupos del sector han argumentado durante años que esto genera problemas de liquidez, ya que mineros y validadores pueden verse obligados a vender parte de sus tenencias solo para pagar impuestos, no porque hayan decidido realizar una ganancia.

El proyecto no se limita a la minería y el staking, aunque esa omisión es la que más atención está generando. También aborda cómo se tratan los pequeños pagos en criptomonedas usados para cubrir comisiones de red o de transacción, proponiendo que los montos inferiores a 10 dólares no generen la obligación de calcular ganancia o pérdida —un cambio pensado para evitar que usuarios comunes deban rastrear el costo base de transacciones diminutas y rutinarias—. Otras secciones tocan las stablecoins y el préstamo de criptoactivos, áreas donde el tratamiento fiscal ha sido confuso y aplicado de forma inconsistente tanto por el fisco estadounidense (IRS) como por los propios contribuyentes.

Qué sigue

La sesión de revisión del miércoles será la primera prueba real de cuánto apetito tienen los miembros del comité para modificar el proyecto antes de que avance. Se espera que los grupos del sector presionen para que el lenguaje de diferimiento vuelva a incluirse, dado lo enfáticamente que rechazaron incluso la versión de compromiso a cinco años. Que Carey u otros legisladores presenten una enmienda para restaurar alguna forma de diferimiento será una señal temprana de hacia dónde podría evolucionar el resto del paquete.

El momento en que ocurre esto también importa. Este esfuerzo en la Cámara se desarrolla en paralelo a una disputa de mayor perfil en el Senado en torno a la Ley CLARITY, que definiría qué regulador —la SEC o la CFTC— supervisa los distintos mercados cripto. Esa medida ha enfrentado su propia turbulencia: una reescritura que generó rechazo horas antes de una votación clave, además de que las probabilidades de aprobación cayeron tras el rechazo demócrata a la oferta republicana. En conjunto, la revisión fiscal de la Cámara y la pelea sobre estructura de mercado en el Senado muestran a dos cámaras avanzando por vías separadas pero relacionadas —una fija quién regula el cripto, la otra cómo se lo grava— sin que ninguna esté resuelta todavía, y ambas seguidas de cerca por una industria ansiosa por obtener certeza en los dos frentes.

Para la región latinoamericana, donde operaciones de minería en países como Argentina y Paraguay compiten por costos energéticos bajos y donde el staking se ha vuelto una fuente creciente de ingresos para usuarios de plataformas globales, el desenlace de este debate fiscal en Washington no es un asunto menor: buena parte de la infraestructura, los exchanges y los custodios que atienden a la región dependen de reglas claras en Estados Unidos para diseñar sus propios productos y reportes tributarios. Mientras tanto, la falta de reglas uniformes sobre stablecoins —un instrumento cada vez más usado en la región para remesas y ahorro frente a monedas locales volátiles— sigue siendo, como también lo ha señalado la propia Organización Mundial del Comercio, un obstáculo mayor que la tecnología misma.

Fuente: Cointelegraph

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