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Regulación

El PAC cripto Fairshake prepara 30 millones de dólares para volver a derrotar a Sherrod Brown

A frontal view of the iconic US Capitol Building in Washington D.C. under blue skies.
Photo: Guohua Song / Pexels

Fairshake, el comité de acción política (PAC) mejor financiado de la industria cripto, planea gastar 30 millones de dólares para oponerse a la campaña de Sherrod Brown por recuperar su banca en el Senado de Ohio en 2026, según confirmó un portavoz del grupo. No es la primera vez: el PAC ya había invertido 41 millones de dólares para derrotar a Brown en 2024, cuando perdió ante el republicano Bernie Moreno por apenas cuatro puntos porcentuales, en una contienda que sumó más de 300 millones de dólares en gasto externo total.

El anuncio, reportado el 21 de septiembre de 2026, deja claro que la industria de los activos digitales no tiene intención de retirarse de la política electoral, incluso después de haber ayudado a definir una de las contiendas al Senado más costosas en la historia de Estados Unidos. Un vocero de Fairshake indicó que se esperan más anuncios de gasto antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre.

¿Por qué Brown, otra vez?

Sherrod Brown no es un blanco cualquiera. Como expresidente del Comité Bancario del Senado durante la última mayoría demócrata, fue uno de los escépticos más visibles en Washington respecto a flexibilizar las reglas para las empresas de activos digitales, y su posición en ese comité le daba influencia directa sobre legislación y nominaciones que afectaban a la industria cripto. Su derrota en 2024 eliminó a ese guardián regulatorio; su intento de regresar en 2026 lo vuelve a poner en la mira del sector.

Fairshake se financia mayoritariamente con aportes de dos de las compañías más grandes del sector, Coinbase y Ripple Labs, lo que convierte al PAC en una especie de termómetro de cuánto está dispuesta a gastar la industria para moldear la composición del Congreso. El grupo reportó en agosto un fondo de guerra de 122 millones de dólares, lo que significa que los 30 millones ahora destinados a la contienda de Ohio representan una porción relevante, aunque no la totalidad, de sus recursos de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Lo que está en juego va más allá de una sola banca en el Senado. El control del Congreso en 2026 determinará quién redacta la próxima generación de legislación sobre activos digitales, quién define los presupuestos de reguladores como la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), y quién confirma a los funcionarios que supervisan esas agencias. Ese es exactamente el terreno donde recientes reveses legislativos ya reconfiguraron el panorama: el fracaso de la Ley Clarity en el Senado dejó en la práctica la elaboración de reglas cripto en manos de la SEC y la CFTC en lugar de una ley integral, un desenlace que, según críticos, ahora está empujando la actividad cripto y la creación de normas hacia el extranjero.

Qué revela este gasto

La magnitud del compromiso de Fairshake dice menos sobre Sherrod Brown como persona que sobre la forma en que la industria cripto entiende hoy el riesgo político. En lugar de presionar a los legisladores una vez que ya ocupan su cargo, la estrategia del PAC ha sido intervenir directamente en las campañas, gastando decenas de millones de dólares para ayudar a elegir o derrotar a candidatos específicos según su historial frente a la regulación de activos digitales. La contienda de Ohio en 2024, donde el gasto combinado superó los 300 millones de dólares, demostró que este enfoque puede funcionar a gran escala incluso en la elección de un solo estado.

Sin embargo, el escenario político en el que Fairshake está invirtiendo ahora ha cambiado. Mercados de predicción como Kalshi actualmente dan como favoritos a los demócratas para recuperar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en 2026, un escenario que complicaría los recientes triunfos legislativos de la industria si presidentes de comité demócratas, menos favorables a una regulación cripto laxa, vuelven a ocupar esos puestos. El propio Kalshi ha estado ampliando su presencia en mercados adyacentes, y recientemente presentó ante la SEC su propuesta de futuros perpetuos sobre acciones, en línea con movimientos similares de Coinbase y Kraken, lo que subraya cuánto se entrelazan hoy los mercados de predicción y los exchanges cripto en torno a las mismas preguntas regulatorias y políticas que están en juego en contiendas como la de Ohio.

Para el público en general, la revancha entre Brown y Moreno funciona como un caso de estudio en vivo sobre cuánto dinero considera justificado el sector cripto para proteger resultados de política favorables. Coinbase, en particular, tiene varios frentes regulatorios que dependen de la composición del próximo Congreso y de sus funcionarios designados, desde el marco de la SEC para acciones tokenizadas —una regla que, según algunos analistas, ya favorece a actores establecidos como Coinbase, Robinhood y Circle— hasta la propia solicitud de la compañía para futuros perpetuos de acciones individuales pendiente de aprobación en Estados Unidos.

Qué sigue

Varios indicadores concretos mostrarán si la apuesta de Fairshake rinde frutos y qué significa para la industria en general:

  • Nuevas revelaciones de gasto por parte de Fairshake antes del 3 de noviembre, algo que el propio vocero del PAC ya anticipó.
  • Si la campaña de Brown y los grupos demócratas aliados logran igualar o compensar los 30 millones de dólares en gasto opositor, considerando que el partido parte de una posición más sólida en las encuestas nacionales que en 2024.
  • Cómo se comportan otros PAC y donantes alineados con la industria cripto en contiendas paralelas, ya que el ciclo de 2024 demostró que Fairshake no fue el único gran gastador externo en Ohio.
  • Si un Congreso bajo control demócrata, de materializarse ese escenario, revisa la autoridad regulatoria que quedó en manos de la SEC y la CFTC tras el fracaso de la Ley Clarity.

Nada de esto garantiza un resultado electoral o regulatorio en particular. Pero la reaparición de un compromiso de gasto cercano a los nueve dígitos contra un solo candidato al Senado deja claro que la industria cripto ya trata el gasto electoral como una pieza central de su estrategia regulatoria, y no como una reacción puntual a una sola votación perdida.

Fuente: Cointelegraph

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