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Regulación

Comité de la Cámara de Representantes aprueba 38-5 el primer marco fiscal federal para las criptomonedas

A frontal view of the iconic US Capitol Building in Washington D.C. under blue skies.
Photo: Guohua Song / Pexels

El Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 38 a 5 el miércoles para avanzar la Digital Asset Tax Certainty Act, la primera propuesta de ley que establece un marco fiscal federal integral diseñado específicamente para criptomonedas. El proyecto pasa ahora a consideración de la Cámara completa y busca resolver dudas que han complicado a poseedores de criptoactivos y contadores desde los primeros años de bitcoin: cómo tributan las pequeñas comisiones de transacción, el minado y las recompensas por staking.

La votación, liderada por el presidente del comité, Jason Smith (republicano por Misuri), ocurrió apenas un día después de que la Clarity Act, la iniciativa más amplia que se discute en el Senado, tropezara en su primera votación de procedimiento por objeciones demócratas relacionadas con los crecientes intereses cripto del presidente Trump. Ese contraste —un comité de la Cámara aprobando algo con amplio respaldo bipartidista mientras el Senado se queda sin marco federal para las criptomonedas— es en sí mismo parte de la noticia. Los mismos legisladores que un día antes frenaron la Clarity Act en medio de un conflicto ético encontraron terreno común en materia fiscal, donde el costo político es menor y la necesidad práctica es más urgente.

Qué establece realmente el proyecto

El corazón de la propuesta es una exención de minimis: las transacciones que generen comisiones de red o de procesamiento de 10 dólares o menos quedarían exentas de impuestos. Suena a un ajuste técnico menor, pero resuelve un dolor de cabeza real. Bajo la ley actual, cada vez que alguien paga una comisión de gas para mover criptomonedas o completar una transacción pequeña en cadena, ese pago puede técnicamente generar un evento fiscal, obligando a los usuarios a registrar y declarar montos que suelen ser insignificantes. Esta disposición entraría en vigor en diciembre de 2027.

El proyecto también instruye al Departamento del Tesoro a crear un Programa de Divulgación Voluntaria dentro de los 12 meses posteriores a su promulgación, lo que daría a los contribuyentes que puedan haber declarado mal ingresos por criptoactivos en el pasado una vía formal para regularizar su situación. Los representantes Steven Horsford (demócrata por Nevada) y Lloyd Doggett (demócrata por Texas) figuraron entre los miembros del comité involucrados en el proceso, lo que refleja el carácter bipartidista del resultado 38-5.

Un dato relevante: una versión anterior del proyecto incluía una cláusula que habría permitido a los contribuyentes diferir el reconocimiento de ingresos por minado y staking hasta el momento en que efectivamente vendieran esos activos. Esa disposición fue eliminada antes de la votación, dejando sin resolver una de las preguntas más espinosas de la fiscalidad cripto: si las recompensas de staking y las monedas minadas deben tributar en el momento en que se reciben —incluso si su valor de mercado luego cae— o solo cuando se venden. Grupos del sector, entre ellos el Crypto Council for Innovation, representado en las discusiones por Alison Mangiero, han insistido en la necesidad de claridad justamente sobre este punto.

Por qué importa el momento

Es la primera vez que un comité del Congreso de Estados Unidos avanza un marco fiscal federal completo dirigido específicamente a los activos digitales, algo notable dado cuánto tiempo ha persistido la ambigüedad. El IRS ha emitido orientaciones parciales a lo largo de los años, pero el Congreso nunca había aprobado un lenguaje legal integral sobre cómo deben tributar las recompensas de staking, los ingresos por minado y las microtransacciones. Una votación de comité tan desequilibrada en su resultado sugiere que la certeza fiscal para las criptomonedas goza de un apoyo bipartidista más amplio que las disputas sobre estructura de mercado que se libran en el Senado.

Dicho esto, salir de comité no equivale a convertirse en ley. El proyecto todavía necesita una votación en el pleno de la Cámara, que se espera entre en receso hasta después de las elecciones de noviembre. Eso significa que cualquier avance adicional probablemente ocurriría, como muy pronto, durante el período de sesión de transición (“lame duck”), históricamente usado para destrabar asuntos legislativos pendientes antes de que asuma un nuevo Congreso.

Mientras tanto, la atención también se traslada al Comité de Finanzas del Senado, que impulsa sus propios esfuerzos paralelos en materia de legislación fiscal cripto. Que las versiones de la Cámara y el Senado puedan conciliarse, y con qué rapidez, determinará si los contribuyentes verán un alivio real en los plazos de la exención de comisiones y del programa de divulgación que plantea el proyecto de la Cámara.

Qué observar de aquí en adelante

Varias señales concretas indicarán si este marco se convierte en realidad: si la Cámara completa agenda una votación en el pleno tras el receso de noviembre; si el Comité de Finanzas del Senado produce un texto complementario o competidor; y si los legisladores retoman la opción de diferimiento para ingresos por minado y staking que fue eliminada, que sigue siendo la mayor pregunta técnica sin resolver del proyecto. La disputa más amplia en torno a la Clarity Act, todavía sin resolverse tras el tropiezo en el Senado —lo que llevó a grupos del sector a advertir que cobrarán factura electoral por la demora—, también condicionará el apetito político para avanzar en materia fiscal, ya que ambos esfuerzos se observan como parte de un mismo impulso por dotar a la industria cripto de reglas claras a nivel federal. La reacción del mercado a los reveses regulatorios ya se ha hecho sentir, con acciones cripto desplomándose tras el estancamiento en el Senado, lo que confirma la atención con que los inversionistas siguen —o no siguen— el progreso de Washington en materia de reglas para activos digitales.

Por ahora, la Digital Asset Tax Certainty Act representa un avance incremental pero real: un proyecto acotado y técnico que logró salir de comité con amplio respaldo bipartidista, incluso mientras la legislación más ambiciosa sobre estructura de mercado permanece estancada. Si ese impulso sobrevive al receso de la Cámara y se traduce en una ley efectiva será la verdadera prueba en los próximos meses. Para inversionistas y usuarios de criptomonedas en América Latina, que muchas veces operan a través de plataformas con base regulatoria en Estados Unidos, cualquier definición sobre cómo tributan las comisiones mínimas y las recompensas de staking en ese país termina sirviendo de referencia para cómo se interpretan estos productos en la región.

Fuente: The Block

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