Comité de la Cámara de EE.UU. avanza el proyecto de la Reserva Estratégica de Bitcoin, pero le quitan los dientes

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 28 a 21, estrictamente por línea partidaria, para avanzar el proyecto H.R. 8957, la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense, que convertiría en ley federal la Reserva Estratégica de Bitcoin creada por el presidente Donald Trump. Es la primera vez que un comité del Congreso mueve legislación para codificar formalmente una reserva de Bitcoin del gobierno estadounidense, pero la versión aprobada quedó considerablemente más débil que el proyecto original, tras perder sus mecanismos de financiamiento y buena parte de su arquitectura de transparencia.

Todos los republicanos del comité respaldaron la medida; todos los demócratas presentes votaron en contra, incluida la representante Maxine Waters, cuya enmienda al proyecto fracasó con el mismo margen de 21 a 28. Los representantes French Hill, Bryan Steil y Nick Begich fueron los republicanos más vinculados a llevar la legislación a través del comité.

De orden ejecutiva a ley

Trump creó la Reserva Estratégica de Bitcoin mediante una orden ejecutiva en marzo de 2025, una medida que permitió a su administración empezar a tratar el Bitcoin incautado o decomisado como un activo federal permanente sin necesidad de aprobación del Congreso. El H.R. 8957 convertiría esa orden en una ley permanente, una distinción relevante porque las órdenes ejecutivas pueden ser revertidas por un futuro presidente con solo firmar otro documento, mientras que las leyes, en general, no.

Begich presentó el proyecto original en mayo con un diseño mucho más ambicioso. Esa versión proponía financiar futuras compras de Bitcoin a través de remesas del excedente de la Reserva Federal, la revaluación de los certificados de oro del Tesoro y los ingresos por aranceles: tres fuentes de financiamiento política y legalmente significativas que le habrían dado a la reserva espacio para crecer. También exigía reportes de prueba de reservas cada trimestre, una frecuencia pensada para dar a los legisladores y al público visibilidad constante sobre lo que el gobierno realmente posee.

Una versión sustitutiva redactada por Steil y adoptada por voto de voz antes de la votación del miércoles eliminó las tres vías de financiamiento y redujo la frecuencia de los reportes a una vez al año. El período de retención de activos derivados de bifurcaciones (forks) y entregas gratuitas de tokens (airdrops) también se recortó de cinco años a uno, un cambio técnico que afecta cómo el Tesoro maneja los activos derivados de Bitcoin que surgen de eventos de red.

Qué hace realmente el proyecto

Aunque recortado, el proyecto sigue estableciendo plazos y reglas concretas. El Tesoro tendría 180 días para establecer formalmente la Reserva Estratégica de Bitcoin junto con una Reserva de Activos Digitales separada para otros tokens. Las agencias federales deberían reportar sus tenencias de criptomonedas dentro de los 60 días posteriores a la promulgación, dándole al Congreso un inventario base que hoy no existe en forma pública.

Cualquier Bitcoin depositado en la reserva quedaría bloqueado durante 20 años, sin posibilidad de venta, intercambio, subasta o uso como garantía durante ese período, una disposición diseñada para evitar que la reserva se use para necesidades presupuestarias de corto plazo o intervenciones de mercado. El Tesoro y el Departamento de Comercio también tendrían 180 días para estudiar si futuras compras de Bitcoin por parte del gobierno son siquiera viables.

Este último punto deja claro lo que el proyecto no hace: no autoriza ninguna compra nueva de Bitcoin. Solo exige un estudio sobre si esas compras deberían ocurrir más adelante, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya declaró públicamente que no respalda que las agencias compren criptomonedas con fondos públicos. En otras palabras, la reserva que este proyecto consagraría está construida enteramente con Bitcoin que el gobierno ya posee gracias a incautaciones y decomisos, no con adquisiciones nuevas financiadas por los contribuyentes.

Qué significa y qué sigue

Para una industria que lleva años pidiéndole a Washington reglas duraderas en lugar de decisiones ejecutivas cambiantes, la aprobación en comité es un hito, aunque sea uno reducido. Demuestra que los republicanos tienen los votos para avanzar legislación específica sobre Bitcoin al menos en el proceso de comité de una cámara. Pero la eliminación del financiamiento vía Reserva Federal y certificados de oro, sumada al retroceso de reportes trimestrales a anuales, indica que los legisladores están priorizando la viabilidad política por encima de la ambición: cambian una reserva más grande y mejor financiada por una con más probabilidades de sobrevivir a la votación en el pleno y al escrutinio legal.

El camino del proyecto está lejos de terminar. Todavía debe pasar por una votación completa en la Cámara, y aún no existe una versión equivalente en el Senado, lo que significa que este impulso podría estancarse como ocurrió con otras medidas cripto este año. Un ejemplo reciente es el colapso de la Ley CLARITY en el Senado, frenada en medio de un conflicto ético por la fortuna cripto de Trump. El avance a nivel de comité también se ha acelerado en otros frentes: apenas un día antes, un comité de la Cámara aprobó por un margen bipartidista más amplio un marco fiscal federal para las criptomonedas, lo que sugiere que las cuestiones tributarias podrían moverse más rápido que las relacionadas con la reserva.

Para el público de América Latina, donde varios países debaten cómo regular a los exchanges y cómo tratar al Bitcoin frente a monedas locales golpeadas por la inflación, este proceso legislativo estadounidense funciona como referencia: muestra que incluso en Washington, con mayoría republicana favorable a las criptomonedas, construir un marco legal duradero implica negociar, recortar ambiciones y avanzar por etapas, en lugar de imponerlo todo de una sola vez.

Los lectores deberían prestar atención a tres señales en las próximas semanas: si se programa una votación completa en el pleno de la Cámara, si algún senador presenta un proyecto equivalente, y si el estudio de viabilidad de 180 días sobre futuras compras produce recomendaciones que reabran el debate de financiamiento que la versión sustitutiva de Steil acaba de cerrar.

Fuente: Decrypt

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